Un constructor declara ante la jueza que le ofrecieron amañar el vertedero de Llanera

El empresario de Alzira que denunció un presunto amaño en la adjudicación del vertedero de Llanera de Ranes prestó ayer declaración durante tres horas en sede judicial. El constructor José Andrés Asunción ratificó ante la magistrada titular del juzgado nº 1 de Xàtiva todas las acusaciones incluidas en la querella penal que ha derivado en la imputación de nueve personas por un presunto delito de prevaricación. Entre ellas figuran el expresidente del Consorcio de Residuos (COR) y exconcejal del PP de Xàtiva, Vicente Parra; los legales representantes de la UTE finalmente adjudicataria, Vytrusa „compuesta por las sociedades FCC y Dimesa„ así como la mesa técnica que decidió sobre el millonario concurso que cubre la gestión de la basura en la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida, la Safor y el Valle de Ayora.

El empresario tenía un acuerdo con una de las aspirantes al contrato, Urbaser, para desarrollar la planta de residuos en unos terrenos de su propiedad, localizados en Llanera y declarados por la Generalitat como aptos para acoger un vertedero. En su querella „avanzada en septiembre por Levante-EMV„, Asunción asegura que los responsables del Consorcio supuestamente pidieron el pago de tres millones de euros a cambio de ubicar las instalaciones en estas parcelas. Finalmente, Vytrusa se llevó la adjudicación pese al voto particular en contra de los dos técnicos de la Generalitat que integraban la comisión, que señalaron como más ventajosa la oferta de Urbaser, con una mejor puntuación en el proceso.

De hecho, la propuesta de Vytrusa fue la segunda peor valorada por la conselleria de las cuatro aspirantes. El juzgado investiga el informe externo que encargó el COR para justificar la concesión definitiva pese a los reparos formulados por los técnicos del gobierno autonómico sobre la ubicación planteada por FCC y Dimesa. La jueza quiere saber si se diseñó una resolución a medida, ilegal y arbitraria, «a sabiendas de su injusticia». La UTE que se llevó el concurso en 2009 ofreció como principal baza un contrato suscrito dos meses antes de la licitación con una empresa que ponía a disposición del COR el 30% de los terrenos necesarios para la planta en virtud de un acuerdo de arrendamiento durante 20 años. La firma, sin actividad aparente, en un principio tuvo vínculos con un socio de la familia Cotino y, desde febrero de 2015, está administrada por José Ramón Gallego, exdirectivo del grupo constructor Llanera. En virtud del acuerdo, Vytrusa se comprometía a pagar a esta mercantil 8,5 euros por cada tonelada de basura que entrara en la planta de tratamiento una vez abierta.

El resto de empresas competidoras „entre ellas Urbaser„ impugnaron la operación, alertando de un posible «pelotazo» y alegando que la fórmula del arrendamiento del suelo no estaba contemplada en los pliegos y creaba inseguridad jurídica. Dado que el vertedero se proyectaba para albergar hasta 169.000 toneladas de basura al año generadas por 300.000 habitantes de 93 municipios, el alquiler de 7 hectáreas suponía para la firma tenedora de los terrenos, con actual sede en la calle Colón de Valencia, la posibilidad de embolsarse hasta 40 millones de euros con la transacción. Asunción, en cambio, asegura que ofrecía a Urbaser toda la superficie necesaria para edificar la planta por solo 13 millones.

La juez aparca el posible cohecho

Aunque inicialmente el empresario de Alzira dirigió la querella hacia cuatro personas, entre ellas Vicente Parra, la jueza ha ampliado a 9 los imputados en la causa, que se encuentra bajo secreto y se desarrolla en la fase de diligencias previas. Todos ellos deberán comparecer en sede judicial entre el 13 y el 20 de enero. La magistrada se centra en investigar si hubo prevaricación y de momento deja fuera del proceso los cargos de tráfico de influencias y cohecho señalados por el empresario, al no ver suficiente consistencia en estas acusaciones, a expensas del avance de las pesquisas.

Asunción entró ayer en los juzgados un poco antes de las 10.30 horas y salió a las 13.30. La declaración se prolongó tanto porque tuvo que dar respuesta a las preguntas de los abogados de todos los acusados. La representación del constructor afirmó que éste había manifestado a la jueza «toda la verdad» en relación a las irregularidades de la adjudicación.

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