El decreto que el Consell de Ximo Puig aprobó a mediados de octubre para establecer una nueva regulación en el nombramiento de asesores de la Generalitat tenía trampa. Los populares la han detectado y no están dispuestos a que pase inadvertida, tanto es así que han acudido a los tribunales. La norma, que tal como avanzó Levante-EMV implica una reducción del personal eventual de las conselleries, pero deja intacto el número de asesores para Presidencia, elimina el requisito de titulación para la designación de este personal, una cuestión polémica (hasta ahora los asesores debían acreditar sus estudios) y que, además, choca con una sentencia emitida en 2014 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictada contra el Ejecutivo de Francisco Camps a instancias de Intersindical.
Advertencia en toda regla
El citado fallo, que tumbaba la contratación de tres asesores de una conselleria en 2010, fue una advertencia en toda regla a la Administración popular respecto dónde están los límites a la hora de echar mano de personal de fuera de la Generalitat y, sobre todo, a la hora de retribuirles. El alto tribunal sentenció entonces que aquellos nombramientos no se ajustaron a la legalidad ya que vulneraban la ley 10/2010 de la Función Pública Valenciana y el decreto 349/1995 que condicionaba las retribuciones del personal eventual en razón del grado de preparación exigido y el nivel de titulación adecuado.
Sin embargo, el nuevo Consell optó por aprobar un nuevo decreto que deroga el de 1995 y desvincular el requisito de titulación de
los emolumentos de los asesores. Es decir, con la nueva regulación, por poner un ejemplo, un asesor del presidente o de un conseller podría tener retribuciones de entre 43.000 y 48.500 euros equivales a lo que puede cobrar un grupo A1 o A2 en la Generalitat sin acreditar si tiene una titulación superior. Incluso si no tuviera ningún tipo de formación estaría amparado por esta nueva norma.
Un par de casos detectados
Los populares argumentan que pese a derogarse el decreto de 1995, la ley de la Función Pública sigue vigente, por lo que se estaría vulnerando la legalidad en los casos en los que los eventuales no posen la titulación correspondiente.
El PP, que ha presentado un recurso contencioso administrativo firmado por el diputado Luis Santamaría, asegura que tiene detectados un par de casos de asesores sin titulación adecuada, al tiempo que se pregunta qué sucede con todo el personal nombrado antes de la entrada en vigor del nuevo decreto. En este caso, advierte el diputado Luis Santamaria «debería ser nulo el nombramiento y solicitarse la devolución de los recursos ingresados por estas personas».
El grupo popular ha solicitado los informes de intervención de todas las conselleries sobre el pago de nóminas a todos los asesores del Consell de Ximo Puig.
La posible vulneración de la ley de función pública no es la única pega jurídica que ponen los populares. El decreto de asesores del Consell no fue sometido al informa del Consell Jurídic Consultiu (CJC), un trámite preceptivo, según entiende Santamaría.
El exconseller de Gobernación recuerda que el CJC tiene que informar los decretos que dictaminan sobre el desarrollo de normas de ley y este trámite sólo puede omitirse cuando la norma se limita a cuestiones técnicas u organizativas. No es el caso, apunta el diputado popular, ya que el polémico decreto regula funciones, número, categorías y retribuciones del personal eventual que va más allá de lo técnico. En principio, la no existencia de este informe implica la nulidad del decreto y la necesidad de devolver las retribuciones, según Santamaria.
Con todo, más allá de su recorrido jurídico, la denuncia del PP pone en evidencia al nuevo Ejecutivo que en su día fue muy crítico con la política de nombramientos del Consell popular al que acusaba de pervertir la figura del personal de confianza y usarla para tener «comisarios políticos» en las conselleries. Por lo pronto, el decreto relaja los requisitos de los aspirantes a ejercer esas funciones de asesoramiento.
Para Santamaría, se trata de una «instrumentalización» de la Generalitat, de una «artimaña» para burlar la sentencia del alto tribunal. El diputado recordó la sentencia del TSJCV y denunció que ahora el Consell quiera cambiar las reglas del juego: «Es tan sencillo como que quieren pagar a alguien que no tiene titulación, como si la tuviera», denunció.
