Entre los ayuntamientos que recurrieron directamente el catálogo se encuentran Benijófar, Picassent, Serra, Siete Aguas, Rafal, Benidorm, Miramar y Guardamar, mientras que decenas de plenarios municipales aprobaban una moción tipo propiciada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que, sin embargo, no recurrió finalmente a los tribunales.
Según la institución que representa a los municipios, el decreto determinaba «qué tramos viarios, anteriormente carreteras de la Generalitat o de la Diputación Provincial, dejan de ser carreteras y pasa a ser caminos de dominio público competencia de los respectivos ayuntamientos, con efecto inmediato desde el momento de la publicación del Decreto, correspondiente por tanto al municipio su mantenimiento y conservación».
Sobre el alcance de la medida , la FVMP explicaba que más de 350 tramos viarios iban a ser transferidos a algo más de 200 municipios en toda la Comunitat Valenciana. Algunos de los ayuntamientos que se animaron a recurrir tendrán que hacer ahora frente a las costas.
Si recurrió sin embargo la Diputación de Valencia, pese a que una parte de las carreteras transferidas a los ayuntamientos eran de su titularidad, y recomendó a los municipios que recurrieran el catálogo.
La institución presidida por entonces por Alfonso Rus consideraba que la normativa del nuevo catálogo viario no era «ajustada a derecho», provocaría «graves perjuicios» y que sería «imposible material, jurídica, técnica y económicamente llevar a término en sus propios términos el decreto».
