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Sanidad

El Consell del PP avaló antes de irse una deuda de 50 millones con las concesiones sanitarias

Llombart desvela al Síndic que el saldo es favorable a las firmas a falta del ajuste con Manises gracias a las compensaciones fuera de contrato

El Síndic de Comptes alertó en su informe de 2014 del retraso de los sucesivos Gobiernos del PP a la hora de practicar las liquidaciones de los conciertos sanitarios del modelo Alzira, una suerte de ajuste de cuentas entre la Conselleria de Sanidad y las empresas concesionarias que debería hacerse anualmente para dirimir cuál de las dos partes debe compensar a la otra por la gestión prestada. Tal como informó ayer este diario, el Síndic deja constancia de que están pendientes 26 liquidaciones (algunas se remontan a 2006) después de que en 2014 y por primera vez, se aprobaran las correspondientes a siete anualidades de la privatización del área de Torrevieja con un saldo neto a favor de la concesionaria.

Ahora bien, el informe de la Sindicatura incluye un documento inédito que revela que el Consell de Fabra se marchó en mayo dejando atado y bien atado el grueso de las liquidaciones, una herencia que tendrá que gestionar el nuevo Ejecutivo y que en principio le supondrá un desembolso de 50 millones a favor de las adjudicatarias. El escrito, firmado por el exconseller de Sanidad, Manuel Llombart, está recogido en el anexo relativo a las alegaciones presentadas por los cuentandantes, a quienes la Sindicatura dio la oportunidad de aclarar su gestión, pese a no estar ya en el Consell. Llombart, que contestó en noviembre, es decir, fuera ya del Gobierno y tras haber renunciado a su acta de las Corts, aprovecha para información desconocida que evidencia que la balanza se ha inclinado a favor de las firmas gracias a las compensaciones acordadas fuera de contrato a lo largo de los años que dieron lugar a expedientes de resarcimiento.

Así, revela que los procedimientos de aprobación de las liquidaciones y los resarcimientos fueron formalizados en 2014. Llombart aporta cifras sobre el ajuste en cada una de las cinco privatizaciones con el resultado final de que la Generalitat deberá desembolsarles 50 millones. Así, debería recibir 12 millones por las concesiones de Alzira y Elx; pero pagar cerca de 62 por Torrevieja y Dénia. El principal beneficiario sería la UTE Ribera Salud que controla las áreas de Alzira, Elx y Torrevieja.

Al Consell de Fabra le quedó pendiente calcular el saldo con el hospital de Manises en el periodo 2009-2013. Sí se estimó que la concesionaria (Adeslas, desde 2012) debe a la Generalitat por diferentes conceptos 181 millones de euros, pero la celebración de elecciones y el cambio de gobierno impidió, alega el exconseller, que se estimara el resarcimiento al concesionario. De tal manera, que el saldo neto se desconoce. Sin este dato a Llombart le salía un un saldo (con las cinco firmas) de 132 millones a favor de la Generalitat.

En el escrito, Llombart admite que cómo ya no sigue en la Administración desconoce «el devenir de los expedientes» y que han hecho los actuales gestores para cobrar o pagar. Y añade que «sin acceso físico a estos expedientes resulta imposible conocer si las cantidades han sufrido algún tipo de variación o corrección». Este es el motivo por el que el Síndic no aceptó las alegaciones en su informe.

Pero Llombart no se limita a dar cifras. Justifica el retraso de los gobiernos del PP en ajustar cuentas en dos razones. Una es puramente técnica: la obligación de cumplir con el principio contable de no compensación entre los conceptos a liquidar a favor del concesionario y a favor de la Administración.

La segunda tiene más miga. Tiene que ver con la adopción en el seno de la Comisión Mixta de Seguimiento de las concesiones de una serie de acuerdos «que establecían determinadas compensaciones a favor de los concesionarios». Fueron una serie de indemnizaciones (por factura farmacéutica, desplazados, gastos bancarios etc) que la Abogacía entendió de obligado cumplimiento para la Generalitat a favor de las empresas. La Intervención entendió que estos acuerdos alteraban los términos económicos del contrato, por lo que se tramitaron a través de otro procedimiento.

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