La designación del marido de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, como gerente de Egevasa dio ayer al PPCV de Isabel Bonig la oportunidad de desquitarse tras años en los que los que los populares protagonizaban las denuncias sobre «enchufismo». Bonig ofreció un rueda de prensa para hacer balance de los seis meses de bipartito, aunque el nombramiento de Alberto Hernández y el decreto de asesores del Consell que elimina el requisito de titulación centró su intervención.

Bonig dirigió los tiros hacia la vicepresidenta del Consell y lideresa de Compromís, Mònica Oltra, a la que emplazó a pasar de las palabras a los hechos y dar órdenes a los representantes de su partido en la diputación para que destituyan al marido de Montón. Bonig ofreció a Oltra los votos del PP en la diputación para consensuar un sustituto. Bonig indicó que el único requisito es que reúna méritos suficientes para el cargo. «No nos oponemos „añadió„ que tenga carné de partido o que sea afín».

Bonig advirtió de que si la vicepresidenta declina la oferta será «cómplice con su silencio». En alusión a Oltra, remarcó que la designación de Hernández no solo no es «estética sino que no es ético». «No me puedo creer que no haya nadie con mejor currículum y capacidades y con cierta neutralidad para dirigir Egevasa», afirmó.

Bonig remató su crítica asegurando que si Hernández continúa como gerente, se demostrará que Oltra «es casta» y que sus palabras «no tienen ninguna validez», pues cuando estaba en la oposición pedía que se gobernara con los funcionarios y no con una red «clientelar de enchufados», e hizo de esto un «caballo de batalla contra el PP». Para reforzar su intervención, Bonig rescató de la hemeroteca declaraciones de Oltra, Ximo Puig y Enric Morera cargando contra el PP por los enchufes. Preguntada por casos en los que se había contratado a familiares de dirigentes del PP en ámtitos administrativos, Bonig aseguró que el PP ya ha pagado en las urnas.

Sobre el decreto que regula al personal de confianza para eliminar el requisito de la titulación, acusó al Consell de hacer «normas generales para casos particulares», pues en su opinión «supone una devaluación de la función pública». «Si a uno lo operan, querrá que cuando esté en la mesa de operaciones lo atienda un cirujano y no un matasanos por bueno que sea», indicó. «Venían a rescatar personas, pero han rescatado a sus cargos ya los suyos», sentenció.