Mientras usted trabaja para devolver la sanidad a lo público ahora sale a la luz una deuda de 50 millones de las concesiones sanitarias ¿cómo y cuándo va a pagar esta deuda heredada?
Ha habido una falta de interés o incapacidad para hacer este control en las concesiones administrativas, que son el 20 % de la asistencia sanitaria en la Comunitat Valenciana. Hay liquidaciones sin cerrar desde 2008, no se hacían las auditorías anuales, que eran obligatorias y además no había un régimen de sanciones por incumplimiento. Ahora es cuando estamos cerrando las liquidaciones, hemos cambiado los comisionados y hemos creado una dirección general de Alta Inspección para controlar que haya una asistencia sanitaria correcta por parte de las empresas. El objetivo final es devolver la sanidad a lo público y acabar con el modelo Alzira.
¿Cuando llegue 2018 la concesión del Hospital de La Ribera finalizará?
Que nadie espere que se amplíe o prorrogue porque en el 2018 termina y ese será el primer paso que demos. Como también estamos dando pasos en el tema de las resonancias porque se había secuestrado no solo el servicio en sí „que la Sindicatura de Cuentas aseguraba que se podía hacer un ahorro de hasta 17 millones„ sino también el conocimiento. Pero desde el sector nos han dicho que hay que secuenciarlo porque hay que devolver el conocimiento a los profesionales.
La sociedad Ribera Salud ya ha realizado la auditoría que le solicitan... ¿los datos afectan a las previsiones de futuro?
No no... No han hecho la auditoría que le pedimos. Nosotros tenemos tres campos: una auditoría económica, otra de inversiones y otra de calidad asistencial. Y estamos evaluando las tres cuestiones en paralelo.
Entonces aún no saben con exactitud qué se debe... ni quién debe a quién...
Han pasado ya dos legislaturas y ahora para saber la deuda tenemos que hacer un ejercicio de arqueología porque esto es la demostración de que la derecha no gestiona bien. No solo porque haya hecho de la salud un negocio y haya propiciado el negocio dentro de la salud, sino que no ha gestionado bien dentro de la propia conselleria.
Por fin se ha aprobado la supresión del copago aunque no ha sido fácil y se consigue mediante un convenio con los farmacéuticos. ¿En qué va a consistir?
Para nosotros derogar el copago era una prioridad. Pero es una medida que viene impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy y mientras no se derogue ese real decreto nosotros no podemos quedar impasibles. Lo que hemos hecho es establecer dos líneas de subvenciones. Hemos consignado más de 41 millones de euros en los presupuestos de la Generalitat y lo que hemos hecho es un trámite muy sencillo a través de un acuerdo con las farmacias y con las ortopedias. Tengo que dar las gracias a las colegios oficiales y a la Asociación de Empresarios de Ortopedia porque nos han brindado toda su colaboración. Lo que hacemos es un trámite muy sencillo. Con la receta electrónica va a la farmacia y deja de pagar los copagos.
El usuario no tiene que presentar entonces ningún documento...
El usuario no va a tener que hacer nada. Con su tarjeta SIP y la receta electrónica es suficiente. La medida beneficia a más de un millón de personas y nos ponemos a la vanguardia de la recuperación de derechos en España. No en vano tenemos el presupuesto más alto en toda la historia desde la transferencia de las competencias. Tenemos un problema de financiación, eso ya lo sabemos. Pero cuando se quiere priorizar se prioriza y el 34 % del presupuesto de la Generalitat se destina a Sanidad.
¿Las farmacias adelantan entonces ese dinero?
No. Lo incluimos en los pagos ordinarios. Hemos hecho un gran esfuerzo para integrar todos los sistemas de información. En el País Vasco, por ejemplo, funcionan mediante reembolso. Pero eso siempre es más incómodo para el usuario y hemos querido hacerlo muy sencillo porque nos parece muy injusta la situación. El barómetro sanitario del ministerio de 2014 nos sitúa como la comunidad autónoma con la tasa más alta de personas que abandonan los tratamientos porque no pueden pagarlos. Pero en los propios datos de la Conselleria, también. Desde septiembre de 2014 hasta agosto de 2015, el 32 % de los pensionistas no comenzaron el tratamiento y el 16% de los que lo empezaron lo abandonaron. Y en personas con diversidad funcional es mucho más grave. Es el 43 % el que no lo comenzó y el 17% lo abandonó. No podíamos mirar hacia otro lado.
La devolución de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes que carecían de SIP está ahora en el Tribunal Constitucional. Si declaran la medida anticonstitucional... ¿qué tiene previsto?
Nosotros tardamos 15 días porque fuimos muy previsores. Primero hicimos unas instrucciones en el ámbito de la conselleria, después hicimos un acuerdo de Consell y luego un decreto ley que refrendaron todos los grupos de las Corts ya que el PP se abstuvo. Mariano Rajoy llevó al Constitucional el decreto ley pero nos queda el acuerdo del Consell y las instrucciones, que no han sido recurridas. Y eso nos permite seguir atendiendo a todas las personas.
O sea que la medida está blindada...
Claro, eran como tres escalones de protección: uno más asistencial, dentro de las instrucciones y otro en rango de decreto ley y apoyado por las Corts Valencianes. Ahora hemos bajado dos escalones. Además, nuestras instrucciones han sido inspiración para otras comunidades autónomas como Baleares o Aragón.
Sea el día que sea los centros de salud y los hospitales están colapsados. ¿Cómo se pueden reducir las listas de espera?
Primero hay una primera fase que ya se va a poner en marcha en enero, por ejemplo, en el hospital San Juan de Alicante y que consiste en ampliar la jornada de los quirófanos a la tarde. Eso es organización, voluntad e inversión económica. Con tu propio personal prolongas hasta la tarde los horarios de quirófano. Buscamos medidas en este sentido.
¿Qué son los autoconciertos?
Los autoconciertos es que dentro del propio sistema público te haces cargo de la lista de espera fuera del horario laboral ordinario. Ampliando la jornada, o con otro tipo de personal al que se paga aparte. Es como un plan específico para la tarde. Porque lo que se hacía hasta ahora era cortar el horario laboral y llevar la asistencia a la sanidad privada en horario vespertino. Nosotros estamos corrigiendo eso. Si hay lista de espera es por falta de personal. Ahora estamos convocando las OPES (Oposiciones y ofertas Públicas de Empleo). Primero estamos resolviendo las de 2007. Además, estamos convocando las de 2014 y 2015 de manera acumulada (que son más de 1.200 plazas), pero, claro, no nos van a solucionar todo. A continuación sacaremos las de 2016. Tengo que agradecer la entrega y la dedicación de los profesionales que han mantenido con mucha dignidad el sistema público.
¿Cuál es el futuro de la Fe de Campanar?
Tenemos algunas cosas claras: el primer euro que entre en la Fe de Campanar será para construir y no para destruir. Iremos ampliando pero, como base, empezaremos por un centro de salud, uno de especialidades y servicio de urgencias. Estamos hablando también con el colegio de arquitectos para un concurso de ideas. Apostamos por construcciones más amables y asequibles en lugar de grandes moles porque ya no estamos en ese modelo.
¿Cómo se va a reorganizar el mapa sanitario?
Ha habido una falta de planificación durante mucho tiempo y hay que cambiar el modelo. Vamos hacia un modelo de cronicidad, de integración de la atención primaria con la especializada, vamos a otro modelo sanitario y eso se tiene que reflejar en el mapa.
¿Qué cambio de modelo?
Necesitamos un cambio de modelo porque la población está muy envejecida. Hay que cambiar hacia un sistema de crónicos porque las enfermedades agudas no son las mayoritarias y, sin embargo, la mayoría de instalaciones son para atender esas enfermedades. Ese es el cambio de modelo. No será en esta legislatura, pero hay que caminar en ese sentido.
Respeto a las infraestructuras... ¿por dónde han empezado?
La mayoría de instalaciones están muy deterioradas. El Arnau de Vilanova, el Clínico, el Peset... necesitan mejorar sus infraestructuras porque nos hemos encontrado con un legado envenenado. Vamos a dignificar las instalaciones y hemos empezado por revisar y mejorar la seguridad y la obsolescencia tecnológica. El estado de las instalaciones revela la falta de preocupación que había por el confort de las personas que acuden y trabajan en el sistema público.
