Los cuatro aspirantes a presidir el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) han comparecido esta mañana durante poco más de hora y media ante el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para exponer las propuestas con las que aspiran a ser la cabeza visible de la justicia valenciana durante los próximos cinco años. Pedro Castellano, Vicente Magro, Juan Mejías y la actual presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva han desgranado, durante veinte minutos cada uno, su programa de gobierno, en el que coinciden en puntos clave para mejorar la situación de la justicia en la Comunitat Valenciana: más cercanía a los jueces, potenciar la mediación y reclamar más medios (humanos y materiales) para mejorar el rendimiento de los juzgados valencianos.
Otra propuesta común a los cuatro candidatos ha sido la reivindicación de comarcalizar los juzgados de violencia contra la mujer para «evitar una justicia a dos velocidades» que beneficie a las víctimas con juzgados especializados en su partido judicial frente a las que han de acudir a juzgados mixtos, que se ven obligados a atender otras problemáticas, que redunda en una peor atención.
Las diferencias entre cada candidato se aprecian en el matiz, en la problemática en la que ha hecho hincapié cada uno. El primer magistrado en comparecer, Pedro Castellano, actual presidente de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, ha sido el único que ha aludido a «la crisis sufrida por una economía dedicada al negocio del ladrillo y a la debacle del sistema financiero» como dos problemáticas que han aumentado la carga de trabajo judicial. Castellano ha apostado por la especialización de los jueces, potenciar los servicios comunes y «ser más transparentes con los ciudadanos».
Vicente Magro, presidente de la Audiencia de Alicante, ha ofrecido la mejora de la gestión, la coordinación y el conocimiento judicial como los tres ejes básicos de su mandato, en el caso en que fuera elegido. Magro ha mostrado su interés en trasladar experiencias piloto desarrolladas con éxito en Alicante para toda la Comunitat Valenciana (como la oficina de coordinación institucional en casos de seguridad vial, asistencia a las víctimas del delito y la violencia de género). Magro también defiende la creación de varios comisiones y foros con la Conselleria de Justicia «que debe ampliarse a fiscales, forenses y otros operadores judiciales» y defiende la creación de la figura de un coordinador provincial «para unificar criterios» a la hora de dictar sentencias.
Juan Francisco Mejías, titular del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia, que se presenta por primera vez a la presidencia del TSJCV, ha incidido en la «mejora de la eficiencia y el ahorro de costes, el ejercicio del liderazgo y la comunicación bilateral de la justicia hacia dentro y hacia fuera». Mejías, de hecho, es el único que ha aludido a un informe económico como parte de su programa en el que propone medidas de racionalización del gasto.
Por último, la actual presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, ha dedicado la mitad de su intervención a desgranar los avances logrados en los últimos cinco años de su mandato (sobre todo desatascar los juzgados más colapsados en la Vega Baja y la Safor). Y el resto de su intervención a lanzar sus propuestas de futuro para los próximos cinco años: implantar el expediente judicial electrónico en un partido judicial de tamaño reducido y con sedes habilitadas, como Vila-real, Castelló o Elx, extender el programa de conformidades, seguir apostando por la transparencia y favorecer el uso del valenciano, la única que lo citó.
