La Policía ha practicado veinte detenciones y registros en Valencia, Cataluña, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura derivadas de la causa que afecta al exconseller de Gobernación y Justicia y exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), por presuntos favores a la empresa Avialsa, con cuyo presidente coincidió en cacerías, y a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios.
Entre los detenidos está Pedro Hidalgo, ex director general de Interior durante la etapa de Castellano al frente de la Conselleria de Gobernación, según confirman fuentes de la investigación.
El Gobierno valenciano encargó el pasado verano una auditoría sobre la compañía aérea INAER, con sede en Mutxamel, ante la sospecha de posible mala praxis en los contratos con la Administración. La firma abastece a la Generalitat en el servicio de helicópteros y brigadas destinados a las tareas de extinción de incendios forestales, así como de helicópteros de urgencias sanitarias, helicóptero de coordinación y emergencias y policial.
La Fiscalía investigaba al contratista de Castellano y a otras empresas por pactar e hinchar los precios públicos de licitaciones en extinción de incendios en varias comunidades autónomas.
Esta operación está siendo coordinada desde el pasado año por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunt, encargado de este procedimiento y que ha sido declarado secreto. La operación policial a gran escala ha sido desarrollada por el Grupo 24 de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) e incluye a otro ex alto cargo de la Generalitat de Cataluña, según el TSJCV. La operación también ha realizado 20 registros en empresas, viviendas y parques de bomberos tanto en Cataluña como en la Comunitat Valenciana y el resto de comunidades implicadas. En concreto, los agentes han registrado el edificio de los bomberos de la Región Metropolitana Sur de Barcelona, en Sant Boi de Llobregat y una oficina de la central de bomberos en Bellaterra.
A finales de mayo de 2015, la Policía detuvo a Castellano, cuando ocupaba el cargo de delegado del Gobierno, en una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Asimismo, la jornada se saldó con otros nueve arrestados más, entre ellos, el empresario Vicente Huerta, propietario de Avialsa.
Otro de los arrestados fue el entonces alcalde de Quartell Francisco Huguet (PP), también empleado de Avialsa, por supuestamente haber entregado dinero al exconseller para ir de caza; y un exconcejal del PP en esta localidad, Emilio Máñez. Otro detenido fue José Miguel Taroncher, quien recibió adjudicaciones de Castellano en las Consellerias de Sanidad y Gobernación. También se practicaron diferentes registros tanto en el domicilio de Castellano como en la sede de la conselleria o de esta mercantil. Todos ellos quedaron en libertad provisional.
En ese momento, el juzgado abrió una causa por presuntos delitos de malversación, prevaricación y blanqueo de capitales, entre otros, que estaba declarada secreta. El ministerio público llevaba investigando desde el mes de octubre de 2014 contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano entre los años 2008 y 2010 para la extinción de incendios forestales por un importe de más de 33 millones de euros.
Denuncia del exgerente
La Fiscalía abrió esta investigación a raíz de una denuncia interpuesta por el exgerente de Avialsa Francisco Alandí en la que se aludía a supuestos regalos efectuados por Huerta a Castellano relacionados con cacerías de patos y perdices; y, por otro, a gestiones del exconseller para favorecer al directivo.
Esta causa dio lugar a la apertura de una investigación también por diferentes actuaciones urbanísticas y otros contratos más allá de Avialsa que se extenderían a todo el territorio nacional y otras empresas del sector.
Estas últimas pesquisas son las que han provocado las nuevas detenciones y registros realizados este miércoles, 13 de enero, ha podido saber Europa Press. Junto a esta pieza, el mismo juzgado de Valencia investiga una querella interpuesta por Avialsa contra Francisco Alandí por estafa.
