Manzanares es un municipio de Ciudad Real que no destaca especialmente como capital de nada. Para un selecto grupo de empresarios del sector de la extinción aérea de incendios y las avionetas de fumigación de campos, era la City, el paraíso para sus negocios. Vicente Huerta, dueño de Avialsa T35, y otros empresarios como Ángel Martínez Ridao —detenido ayer— celebraron al menos seis reuniones en las que se repartían el mercado de los contratos públicos en media España, Portugal e Italia. Como contó Levante-EMV el domingo 7 de junio, en la práctica estas empresas operaban como un cártel, de tal forma que eliminaron la competencia y, como consecuencia, encarecieron el coste de los servicios contratados.

Tanto el exconseller Castellano como el empresario Vicente Huerta han reiterado en su defensa que no tiene sentido pagar sobornos a quienes tenían capacidad de adjudicar cuando solamente optaba una empresa. De entrada, abandonar el procedimiento ordinario y adoptar el anticipado y de urgencia, con plazos para presentar plicas de apenas ocho días, no facilitaba la concurrencia de ofertas. Pero, en todo caso, la principal razón por la que Avialsa no tenía rival hay que buscarla en Manzanares. En aquellas reuniones se habría pactado que la Comunitat Valenciana era coto privado de Avialsa, según la documentación que maneja la investigación. En esos encuentros para acordar prácticas ilegales, celebrados entre 2005 y 2008, se levantaba acta de los acuerdos y discusiones. Y era aprobada en la siguiente reunión. Como en comunidades de vecinos o asociaciones. Se pactaban los precios de las adjudicaciones y hasta los salarios de los pilotos. Las rebajas en los concursos eran mínimas. De hecho, sobre los 34,1 millones por los que se adjudicaron dos contratos valencianos a Avialsa, la empresa valenciana apenas concedió una rebaja de 4.500 euros.

El 29 de marzo de 2005 se celebró una de las reuniones, a las que asistieron cinco empresas. En noviembre de ese año, los mismos protagonistas abordaron las licitaciones previstas en Baleares, Castilla y León, Portugal o Castilla-La Mancha, que, con Cataluña y Extremadura conforman el terreno de actuación del cártel.

«Revisen precios y contesten hoy»

Los empresarios pactaban precios y condiciones y remitían el acuerdo a los políticos para que lo revisaran y asumieran. «Revisen el texto, así como los precios....y les ruego nos hagan llegar su contestación en el día de hoy ya que es necesario que el lunes hagamos llegar este escrito», explicaba por mail un empresario de esa reunión en diciembre de 2006. En otro encuentro, se barajaba la clásica fórmula de simular diversas ofertas con un paripé consistente en presentar varias firmas del mismo propietario.

«¿Qué os parece la idea de presentar dos ofertas con dos empresas distintas, una con Avialsa T35 y otra con Aviación Agrícola?», comentaba un directivo de la contratista de Castellano a sus colegas. En un caso, la oferta sería de 2,05 millones y en el otro de 1,99, explicó.

No todo era una balsa de aceite en esos encuentros. Así, en una reunión de noviembre de 2007 Martínez Ridao recriminó a Huerta sus «interferencias comerciales» en Galicia. Territorio que, según este reparto, no correspondía al contratista de Castellano.