Una sentencia del pasado 8 de enero depositó nuevas esperanzas en la familia de Alejandro, el niño de Utiel cuyos padres llegaron a tener que comprar un pupitre y una silla adaptada porque la anterior Conselleria de Educación no le brindaba los medios necesarios para su normal escolarización. Sin embargo, se trata de una alegría un tanto contenida, ya que de momento la cartera que dirige Vicent Marzà está estudiando el documento para decidir si recurren la decisión judicial o la acatan sin reservas, según informaron a Levante-EMV fuentes de la conselleria.

«Este caso es el resultado de las formas de actuación del antiguo gobierno, con el cual no se podía dialogar y se judicializaban los temas educativos», señalan desde Educación. «El gobierno del Botànic tiene una clara voluntad de trabajar i evitar en el futuro tener que desembocar en sentencias de tribunales, ya que la actual conselleria está dispuesta a escuchar y tratar los temas desde la proximidad», añadieron.

Por otra parte, las mismas fuentes indicaron que a Alejandro se le asignó otro centro en el mismo municipio donde reside, «donde cuenta con todos los recursos y medios que necesita para su escolarización». Una opción „similar a la que le ofrecía el equipo del PP, quien instaba a los padres a cambiarlo a otro colegio„ que, sin embargo, no satisface a los padres. «Parece que todos los padres pueden elegir el centro donde van sus hijos menos los de hijos con discapacidad», lamentan.

Imposibilidad de ir solo

«Elegimos escolarizarlo en el que está ahora precisamente porque es donde van sus hermanas y está más cerca de casa. La idea era que en un futuro pudiera ir y volver él solo con una silla de ruedas o un andador, que fuera autónomo. El otro colegio está a la otra punta del pueblo y ni siquiera tiene ascensor», apunta Rosa, su madre.

La madre reitera que, según el dictamen que recibió su hijo, no necesita un aula específica y debería poder inscribirlo en cualquier centro ordinario. «Desde el inicio lo único que hemos buscado es la máxima normalidad en la vida de Alejandro. Esperemos que la conselleria no recurra la sentencia».