La empresa Parques Reunidos Valencia, que durante más de una década gestionó el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), ha iniciado los trámites para su liquidación sin haber resuelto todavía los pleitos cruzados que mantiene con la empresa pública Cacsa y que podrían generar el pago de indemnizaciones próximas a los 40 millones de euros.
Una vez iniciado este proceso, de liquidación, la empresa debe presentar en unos días un balance de cuentas en el Registro Mercantil en el que sobre el papel debe provisionar su presunta deuda con la administración valenciana, independientemente del resultado final del juicio pendiente con Cacsa. Sin este requisito, la fase siguiente a la liquidación, la disolución de la empresa, es inviable legalmente, según explicaron a Levante-EMV especialistas en derecho mercantil.
Parques Reunidos Valencia, la franquicia con la que la multinacional española opera en Valencia con socios locales como Andrés Ballester o Maria José Lladró, inició ayer los trámites para su liquidación, fase previa a la disolución definitiva de la empresa, que en algo más de una década ha generado importantes beneficios para sus accionistas.
Beneficios de 3 millones
En 2011, las cuentas depositadas en el Registro Mercantil arrojaban unos resultados positivos después de impuestos de 3,34 millones de euros. Se estima, además, que el beneficio medio del grupo en la explotación del Oceanogràfic ha sido de entre 3 y 4 millones de euros anuales desde que en 2003 se hizo cargo de la explotación de las instalaciones de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
La falta de experiencia de la Generalitat, propietaria de Cacsa, en la gestión de un acuario de gran nivel como el Oceanogràfic, hizo que entregara la explotación de las instalaciones a una empresa especializada en unas condiciones muy ventajosas.
El contrato, una «bicoca», según fuentes consultadas por este diario, eximía al concesionario de una parte sustancial de los gastos de personal y de mantenimiento del recinto acuático. Sin embargo, el anuncio de Cacsa de revisar el pliego de condiciones en 2013 acabó unos meses después en la renuncia de Parques Reunidos a optar al concurso público, que incluía el acuario y el Ágora.
En un comunicado, el hasta entonces operador privado del complejo aseguró que el nuevo concurso conllevaba «un elevado riesgo financiero y económico» y que la estructura del contrato planteado por la empresa pública «desincentivaba» nuevas inversiones.
Hace apenas unas semanas, la Sindicatura de Cuentas presentaba su informe anual en las Corts en el que da cuenta de «irregularidades» en la actuación de Cacsa en relación al contrato con Parques Reunidos que rigió las relaciones comerciales entre ambas firmas, pública y privada, entre 2002 y 2014.
La sindicatura ha detectado una «falta de diligencia» por parte de la firma pública, ante los incumplimientos «reiterados» del contrato por parte del operador desde el inicio de su relación, según asegura.El informe de la sindicatura se refiere tanto a servicios y contenidos, como al mantenimiento de las instalaciones.
El conflicto entre Cacsa y parques Reunidos estalló en 2013, poco después de la renuncia al concurso para seguir explotando las instalaciones. En octubre de 2014, Parques Reunidos demandaba a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, a quien reclama «compensaciones» y diversas sumas por «impago de deudas pendientes» que ascienden a 8,2 millones.
La negociación para buscar una salida extrajudicial al conflicto fracasó y Cacsa respondió solicitando en los juzgados una indemnización de 6,8 millones por el incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento y conservación de las instalaciones. Además solicita una compensación de 33,5 millones por lucro cesante justificadas en el incumplimiento por parte de Parques Reunidos de incorporar orcas al acuario del Oceanogràfic.
