Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) censuró la documentación entregada a la comisión de investigación del accidente del metro celebrada en 2006. La empresa ferroviaria entregó a las Corts las actas de 2005 del Comité de seguridad en la circulación cercenadas de los documentos anexos que se adjuntaban a cada reunión. De esta manera, evitaron entregar a los diputados el conocido como «Dossier de puntos negros» que elaboró un representante del Sindicato Independiente Ferroviario (SIF).
Se trataba de una especie de «catálogo de defectos» de las líneas de Metrovalencia para ayudar a mejorar la seguridad, elaborado tras el accidente de Picanya en septiembre de 2005, en el que se aconsejaba proteger las señales de limitación de velocidad fijas (como las de la curva del accidente de 2006) con balizas o instalar el sistema de frenado ATP (Automatic Train Operation) entre Empalme y Torrent. Los directivos de FGV negaron su existencia en las Corts y miraron hacia otra parte cuando el portavoz del PSPV en la comisión, Andrés Perelló, lo solicitó por escrito el 1 de agosto de 2006. Nunca se envió a las Corts, aunque Levante-EMV desveló su contenido en septiembre de 2006.
Los documentos anexos también incluían las estadísticas de los accidentes registrados por las unidades de Metrovalencia. Un dato que los responsables de FGV y de la Conselleria de Infraestructuras querían evitar a toda costa porque contradecía su mantra de que «la Línea 1 es segura» y hubiera desvelado los accidentes previos de las unidades implicadas en el accidente, que se ocultaron a las Corts y al juzgado que investigaba el siniestro.
Esta nueva censura de información fue desvelada por Ana Barceló, actual portavoz del PSPV en la nueva comisión de investigación del accidente del metro, que arrancó ayer con la comparecencia de los cuatros portavoces en la comisión parlamentaria de 2006. La cita provocó expectativa mediática por la asistencia de tres miembros de la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) (ninguna familia fue invitada a la primera comisión). Y por escuchar al ex portavoz del PP en 2006, Serafín Castellano, en su primera comparecencia pública desde que fue detenido el pasado mes de mayo por su implicación en el amaño de los contratos de aviones de extinción de incendios.
Castellano se ciñó al guión escrito en 2006 por el PP y repitió los mismos argumentos esgrimidos hace diez años. El ex síndic popular defendió la rapidez con la que se convocó la comisión y el tiempo récord en el que se celebró (4 días) «por la gravedad de lo ocurrido. Había que dar una repuesta rápida ante la alarma social en un servicio tan importante. Hubiera sido una temeridad mantener la inseguridad en el transporte público», respondió a Fabiola Meco (Podemos).
Castellano sacó pecho y defendió: «Yo no hubiera consentido que nadie me dijera lo que tenía que decir». Y apeló a la «mayoría democrática parlamentaria» que aprobó el plazo, los comparecientes y el dictamen de 2006 para justificar la «responsabilidad, respeto y sinceridad» de la anterior comisión en la que «se buscó la verdad».
Castellano: «No veté nada»
«Ni denegué, ni veté nada», aseveró. Incluso lanzó un reto a los diputados de la oposición: «Si se quiere insinuar que se destruyeron pruebas y hubo falsos testimonios sean consecuentes y denuncien, porque sino serán cómplices de la situación».
Castellano tampoco se enteró del informe con las respuestas preparadas que la consultora H&M Sanchis preparó para aleccionar a los técnicos de FGV. «Es interesante que, una vez aprobado lo que FGV vaya a contestar sobre cada tema, esas contestaciones coincidan con lo que puedan decir otros comparecientes citados por el PP» y «queden totalmente coordinadas todas las intervenciones del personal de FGV y de la conselleria», aconsejaba la consultora.
«Falso testimonio y paripé»
Frente a la persistente falta de autocrítica del representante popular, el resto de portavoces ratificaron el «paripé» de la anterior investigación, los vetos y las prisas. El portavoz socialista, Andrés Perelló, denunció que «durante cuatro días se estuvo cometiendo un delito continuado de falso testimonio por parte de la presidencia de la mesa, de la ex gerente Marisa Gracia y del directivo Vicente Contreras, que negaron las reuniones para preparar las comparecencias».
Perelló desveló que recibió una llamada anónima para alertarle del amaño de las comparecencias: «Mantenga la posición. Siga por ahí porque están coordinando la mentira para callarles a ustedes», contó en respuesta a Isaura Navarro (Compromís). Perelló también criticó que el ex conseller Juan Cotino, se dedicara a «ofrecer talones a las víctimas, aún con el duelo latente y casa por casa, algo por lo que debería ser excomulgado». Y lamentó que «con todo el dinero dilapidado en sobrecostes o Fórmulas 1 se habría podido hasta pulir las vías».
Joan Antoni Oltra, único representante de EU-l'Entesa en la anterior comisión, pidió que la nueva investigación «sea de investigación y no de exculpación, como se hizo en 2006 para tapar las vergüenzas y las responsabilidades del accidente». También denunció que FGV «no pusiera medios que valían cuatro duros y que habrían evitado el accidente. Da vergüenza que una baliza valiera 3.000 euros, cuando FGV se gastó medio millón en un parking para peregrinos. Había dinero para lo que se quería». Francisco Tomás Puchol (Grupo Mixto) ratificó su «sensación de que venía todo cocinado y no había voluntad de encontrar la verdad» en una comisión «tan rápida que nos embutieron los informes porque había mucha prisa para cerrar los trabajos».
