Es una situación que sufren miles de valencianos cada año. Adquieren o reciben a través de una herencia o donación un inmueble. Cierran toda la documentación y abonan los gastos que conlleva el proceso. Y al cabo de unos meses reciben un requerimiento de la conselleria de Hacienda, que los obliga a sufragar una cantidad económica imprevista tras revisar el valor de la propiedad. En muchos casos el pago se hace según los cauces legales. En otros, el conflicto acaba en los tribunales.
Hasta el momento, la Generalitat utilizaba para corregir la valoración de los inmuebles un sistema de coeficientes aprobado en 2013, que una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha tumbado. Sin embargo, en otras comunidades sí se han respetado sistemas similares en los tribunales, adoptando dictámenes contrarios. En esta tesitura, el Consell ha recurrido ante el Tribunal Supremo.
A la espera de movimientos, la Generalitat ha decidido tomar cartas en el asunto. Se prepara una orden para reformar el modelo que se encuentra en la picota con el objetivo de dar «seguridad jurídica a los ciudadanos». Y es que las cifras oficiales ilustran el calado de la problemática. Desde que se aprobara el sistema de revisión en 2013 se han realizado 54.854 liquidaciones por comprobación de valor, de las que el 33 % „18.592„ han acabado en los tribunales. Estas últimas suponen más de 68 millones de euros, que ascienden hasta los 72 millones si tenemos en cuenta los procedimientos en entredicho que aún no han llegado a tribunales. La cantidad media exigida supera los 3.500 euros. El conseller Vicent Soler es contundente: «El sistema del anterior Consell abocó a miles de ciudadanos a entablar pleitos contra la Administración. Pero nosotros hemos venido a solucionar los problemas y buscar soluciones. El nuevo modelo acabará con años de conflictividad en este terreno».
Ajuste de los valores al mercado
Entre las novedades que acarreará la reforma destaca un ajuste de las cuantías a la situación actual del mercado inmobiliario, lo que conllevará una reducción de los valores. Además, también se ha realizado una adaptación por zonas y distritos, que de momento ha alcanzado a las ciudades de Valencia y Alicante por contar con mayor bolsa de propiedades. La idea es continuar esta labor en otros municipios. A su vez, en el caso de plantas bajas y locales comerciales siempre se realizará una valoración «in situ» por parte de un perito, que hasta ahora no participaban. Estos profesionales también acudirán siempre en caso de conflicto.
