El nombramiento de Vicent Flor como gerente del Institut Alfons el Magnànim ha acabado abriendo una crisis en el bipartito que dirige la Diputación de Valencia. El anuncio del grupo popular de que impugnará la designación del sociólogo, así como el hecho de que, a pesar del pacto de Gobierno, cobrará un salario superior al del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha hecho saltar las alarmas en el Palacio de Batlia. Los socialistas temen que las supuestas irregularidades en la elección acaben salpicando al presidente de la corporación provincial, Jorge Fernández, firmante en última instancia del decreto de nombramiento. Además, en el entorno del jefe de la diputación existe malestar porque entienden que el salario que tiene asignado Vicent Flor (68.000 euros) rompe el pacto alcanzado al inicio de la legislatura, según el cual ningún cargo, ni político ni de libre designación, debía ganar más que Puig.

Tal es el malestar con la situación creada que desde la presidencia de la diputación se ha pedido al área de Cultura, en manos de Compromís, una solución a la controversia generada. Fuentes consultadas por este diario indicaron que, en concreto, el presidente Rodríguez habría trasladado al diputado de Cultura, Xavier Rius, que se revisara el contrato de alta dirección a Flor para ajustarse al acuerdo de Gobierno. Asimismo, fuentes socialistas apuntan que, según este documento, el nuevo gerente debería ajustarse a un salario de 59.000 euros, es decir, la nómina que tenía asignada el anterior responsable del Institut en la etapa del PP, Vicente Ribes. La sugerencia, sin embargo, no concuerda con la tesis del diputado de Cultura, que defiende que Flor no es un cargo político ni directivo que pueda asimilarse al de una empresa pública, como Imelsa o Egevasa. En el caso de la firma mixta de aguas, la cuestión del sueldo fue un elemento más del controvertido fichaje (y posterior cese) del marido de la consellera de Sanidad, Carmen Montón. Se dejó claro que su salario sería de 59.000 euros.

Rius sostiene que no existe equiparación entre el caso del Magnànim y las firmas públicas porque el puesto de Flor está incluido en la relación de puestos de trabajo de la diputación y asimilado a una jefatura de servicio. Forzar una bajada de sueldo, mantienen, abriría la puerta a rebajar la nómina de otros funcionarios del mismo rango. Sin embargo, Flor no es funcionario. La diputación le ha hecho un contrato de alta dirección como personal laboral y con duración de un año.

Cambiar el reglamento

Cultura, sin embargo, sí está dispuesta a ceder en el procedimiento e incluso tiene previsto convocar al consejo de administración del patronato para proponer la ratificación de Flor. Precisamente, la denuncia del PP se basa en que la designación mediante un concurso de méritos (también muy criticado) se hizo vulnerando el reglamento interno del Institut, según el cual la propuesta del director tiene que partir formalmente del consejo de administración. Según Cultura el trámite no se hizo por cuestiones técnicas ya que existe una contradicción respecto a lo que marcan los estatutos sobre la composición del consejo y el reparto fijado en un pleno sobre la representación de los distintos organismos de la diputación. De ahí que está previsto modificarse el reglamento. Sin embargo, para salvar posibles escollos jurídicos, se convocará el consejo para tratar de ratificar la designación. En este foro hay representantes de todos los partidos, lo que podría dar pie a que algún grupo solicitara la revisión del salario de Flor.