El registro policial acometido el pasado miércoles 13 de enero en la sede del Grupo Inaer en Mutxamel, en el marco de la investigación judicial del caso Castellano que se sigue en un juzgado de Sagunto, motivó la reacción del director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel. Anunció, a través de un comunicado que se iban a revisar todos los expedientes de la contratista de los helicópteros para la lucha contra el fuego, las urgencias sanitarias, de coordinación y emergencias y el helicóptero policial.
El departamento que dirige Ángel ya había intensificado la inspección y el control sobre la ejecución de los contratos millonarios del 112 desde el momento en que el Consell de izquierdas tomó posesión. Desde el inicio de la campaña antiincendios en julio, coincidiendo con el cambio de color político en la Generalitat, la empresa Inaer ha sido sancionada en trece ocasiones por incumplir diversos aspectos del contrato estipulados en el pliego de condiciones exigibles cuando se convocó el concurso en marzo de 2013.
Trece multas que en total ascienden a 107.250 euros, un dinero que se ha ido descontando de la factura que abona la Generalitat a la contratista por los servicios que presta. Las exigencias se han renovado el pasado mes de noviembre, cuando caducó el contrato de 37,8 millones adjudicado en marzo de 2013 a una UTE liderada por Inaer, una concesión que se ha prorrogado hasta febrero de 2017 por «necesidad administrativa», subrayaron fuentes del Consell, al no tener tiempo para poder preparar los pliegos y cumplir los plazos de una nueva concesión. Porque el Consell quiere convocar el concurso por procedimiento ordinario y no por trámite de urgencia, fórmula utilizada por el exconseller Serafín Castellano para las adjudicaciones a Avialsa T-35 y uno de los factores que ayudó a que el presunto cártel de empresas del sector de la extinción de incendios no tuviera rival en esos procedimientos.
Coordinar los dos contratos
Se ha prorrogado hasta febrero de 2017 para que el vencimiento coincida con la finalización del otro gran contrato de extinción de incendios, el de las avionetas, que caduca este febrero y se adjudicará por un año. Emergencias considera que abordar los concursos en paralelo y coincidiendo en las fechas ayudará a coordinar la labor entre los adjudicatarios.
Fuentes conocedoras de estos expedientes de sanción explicaron que las multas fueron impuestas básicamente por tres tipos de incumplimientos de contrato. En unos casos porque la empresa no sustituyó en tiempo y forma los medios, generalmente los helicópteros, que por alguna razón no estaban disponibles para atender el servicio. Un segundo motivo de sanción tiene que ver con expedientes abiertos por fallo en las comunicaciones y, en tercer lugar, por deficiencias técnicas en los avisos de posición vía GPS de los aparatos. El procedimiento sancionador ha de partir de una iniciativa del técnico de seguimiento del contrato, que eleva administrativamente la apertura del expediente.
