La prueba de fuego para la Generalitat gobernada por la izquierda en su política de prevención y lucha contra los incendios se le presentará el próximo 29 de febrero, cuando caduca el contrato vigente de extinción aérea de incendios que tiene en vigor la empresa Avialsa T-35, investigada judicialmente por el presunto amaño de adjudicaciones, en parte a través del pago de supuestos sobornos. La segunda reválida le llegará en febrero del próximo año, fecha en la que se extingue el acuerdo con el Grupo Inaer por el que la empresa de Mutxamel facilita helicópteros para combatir incendios, para las urgencias sanitarias o para la policía. Las dos contratistas están siendo judicialmente investigadas en el caso Castellano que se dirime en el juzgado número 2 de Sagunto.
El nuevo Consell cambiará los pliegos de condiciones de las adjudicaciones para incentivar la concurrencia de ofertas, evitar así que se sigan hinchando presuntamente los precios e impedir que el oligopolio de empresas del sector puedan concertar estrategias de reparto del mercado. Fuentes de la Generalitat indicaron que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias, que asumió parte de las competencias de la extinta Conselleria de Gobernación, troceará estos dos grandes contratos para que el importe se reduzca sensiblemente y sobre todo limitará la duración de las adjudicaciones a un solo año.
La última de las concesiones a Avialsa T-35 extendió su duración desde febrero de 2010 hasta el 28 de febrero de 2014 y su cuantía alcanzó los 22,7 millones. En junio de ese año, el entonces conseller de Gobernación Serafín Castellano dejó el cargo convertirse en delegado del Gobierno de Mariano Rajoy en la Comunitat Valenciana. Justo hasta que fue destituido tras su detención, el 29 de mayo pasado, por las supuestas cacerías y otros presuntos cohechos regalados por Avialsa al exconseller, escándalo que avanzó este diario en informaciones publicadas a partir del 4 de agosto de 2013.
Antes de abandonar la conselleria, Castellano prestó un último servicio a su amigo el contratista Vicente Huerta, al que le prorrogó por dos años más y por 11,2 millones el servicio de extinción aérea de incendios. El contrato de Avialsa que ahora acaba se fraccionará en tres lotes para abaratarlo e incentivar la competencia. Fuentes conocedoras de estas adjudicaciones indicaron que técnicos del servicio de emergencias han estudiado la fórmula tras la preocupación política del Consell al observar que el funcionamiento como cártel reducía a una sola propuesta los aspirantes a los concursos. De entrada, se abre la posibilidad de que, al requerirse menos volumen de infraestructura y capacidad operativa a las empresas, pueda aumentar el número de candidatas a aspirar a ese contrato.
Una docena de helicópteros
El volumen de negocio no superará los cinco millones. Por la duración anual y porque en tres licitaciones a la baja ha de aumentar el ahorro. Al menos sobre el papel. La comisión técnica que evaluará el precio de salida se está conformando para sacar a concurso la concesión.
El contrato ahora en manos de Inaer se rubricó en marzo de 2013 y finalizaba el pasado 30 de noviembre, pero el nuevo Consell tomó la decisión de prorrogarlo. Está también acordado que se desgajarán en varias adjudicaciones los servicios ahora concentrados en un solo contrato. Por un lado se otorgarán las labores de lucha contra el fuego „incluidas las llamadas brigadas helitransportadas de primer ataque„ y en otros lotes se incluirán los dos helicópteros de urgencias sanitarias, los de coordinación y emergencias y el que actualmente tiene disponible la policía. La actual flota en servicio para la Generalitat comprende una docena de helicópteros del Grupo Inaer y medio centenar de profesionales.
