La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) asegura que el objetivo común de las empresas incoadas era «repartirse el mercado de suministro de construcciones modulares y mantener sus cuotas, así como evitar competir en precios entre ellas, al objeto de elevar los mismos y aumentar su rentabilidad y beneficios», tras señalar como infractoras a siete empresas: ABC, Algeco Construcciones Modulares, Alquibalat, Alquibarsa, Arlan, Dragados y Remsa.
La CNMC asegura que la infracción cometida es «muy grave» y que podía ser sancionada con una multa de hasta el 10% del volumen de negocio total de la empresa infractora en 2014. En total las sanciones ascienden a 11,3 millones (entre 43.000 euros y 8,6 millones). Las empresas implicadas concentran conjuntamente el 52% de la cuota de mercado nacional y el 69% respecto a los alquileres.