En el proyecto de la presa contra avenidas de la Rambla Gallinera, la adjudicación a las empresas Sogeosa y Torrescámara solo sirvió, supuestamente, para engrasar los mecanismos corruptos establecidos por la cúpula de Acuamed en la empresa pública.
La presa está por construir, los ciudadanos de Oliva y los usuarios de la N-332 siguen en situación de riesgo por inundaciones, pero parte de los fondos ya han sido empleados en la compensación supuestamente fraudulenta a empresas de construcción que luego repercutía en los directivos e ingenieros de la empresa pública.
Según indica el juez Velasco, las empresas cuestionaron „ «discutiendo la validez del proyecto inicial», asegura el auto„ la solución técnica adoptada e iniciaron una campaña para la realización de sondeos, estudios y proyectos no previstos inicialmente «y sin llegar a realizar el proyecto contratado, llegando a certificar por dos millones unidades de obra que no están en el contrato», asegura, en relación a una escollera «que nunca existió».
El conjunto de la obra tenía un presupuesto de 43 millones aunque se han ejecutados algunas obras de encauzamiento en barrancos que tampoco han sido terminados según el proyecto inicial.
Mientras, cinco de los doce detenidos el pasado lunes en el marco de esta operación han sido enviados a la prisión sin fianza. Para el resto el juez decretó prisión eludible con fianza y está previsto que el juez cite en los próximos días a 35 personas más como investigadas.
Descontrol y prisas
Respecto a la desaladora de Torrevieja, el relato del juez describe lo que al parecer era una práctica común. Afirma que las prisas por acabarla en plazo para recibir ayudas europeas «dio libertad de ejecución a la contratista, con tal descontrol de la obra que se llegó a afirmar por algunos de los técnicos conniventes que estaba acabada cuando no era así (faltaban ajustes, remates, había bombas con fisuras...)»
La liquidación de la empresa (Acciona) «implicaba causar a la Administración tres millones de euros de perjuicio, pretendiendo discrepancias en mediciones que eran mentira (dique y emisario)» y que alcanzaban esa cifra mediante «liquidaciones y reclamaciones basadas en partidas hinchadas, mediciones incorrectas, reclamaciones improcedentes y mediciones irreales y pretendiendo que se la facturaran 17 millones de euros más , aunque el final lo dejaron en 10 millones», añade el juez Velasco.
Otro ejemplo claro de estas prácticas es el detectado en las presas antirriadas construidas en el río Serpis, donde se hizo la liquidación de la obra en favor de la contratista Altec-Altyum por casi dos millones de euros «más de lo que procedía», explica el juez Velasco, «enmascarando estos importes hinchados en inexistentes trabajos de arqueología, por ejemplo, de manera que se pretendió una sobrefacturación y una liquidación de obra por encima de lo contratado y realizado».
Sobre el contrato para ejecutar las conducciones y tuberías de la desaladora de Mutxamel, adjudicada también a Altec-Altyum por 9 millones, el juez dice que fue «amañado» para acabar adjudicándoselo a esta empresa, «quien en los informes de los técnicos nunca hubiera conseguido la adjudicación».
Previamente y como parte de estas maniobras fraudulenta, se adjudica la asistencia técnica a la emprea Clothos, a la que los técnicos situaban en los últimos puestos, y que fue adjudicataria «por obra de cambios en los informes obligados por la dirección general». Clothos acabó haciendo los informes técnicos que permitieron adjudicar las obras a Altec pese a sus escasas opciones en el apartado técnico a las que alude el juez en su auto.
