El instructor del caso Imelsa ha decretado libertad provisional para los siete detenidos que han declarado desde esta tarde por la operación anticorrupción por amaño de contratos en la Comunitat Valenciana.

A cuatro de ellos, el juez ha impuesto fianzas para asegurar responsabilidad civil en caso de condena, según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 ha acordado asimismo dejar en libertad a la secretaria del grupo municipal del PP Carmen García Fuster, para quien el fiscal ha pedido prisión.

Los siete detenidos, ya en libertad, mantienen la condición de investigados (figura que sustituye a la de imputados en la nueva ley de enjuiciamiento criminal) por cohecho, malversación, blanqueo y tráfico de influencias.

Entre ellos se encuentra el empresario Mariano López Sáncho, la persona que habría entregado a la Fiscalía Anticorrupción la documentación que abrió la causa y exsuegro del exgerente de esa empresa pública Marcos Benavent, también investigado en la misma.

También han sido interrogados el ex secretario autonómico y exdiputado del PP en Les Corts David Serra; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, y el exgerente de la Fundación Jaume II El Just y exjefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos, exmarido de la exconcejala del PP María José Alcón, en libertad desde anoche con cargos y con una fianza de 150.000 euros.

Además, han pasado a disposición judicial dos arquitectos y un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).

A su salida de la Ciudad de la Justicia, Serra ha señalado: "Ha ido bien, estoy en libertad sin ninguna medida cautelar", antes de abandonar el lugar solo mientras su mujer le esperaba en un taxi en la puerta del juzgado de guardia.

Burgos también se ha limitado a decir a los medios que quedaba libre.

Una ambulancia del SAMU se ha personado en las instalaciones judiciales para atender, al parecer, a un agente de la UCO de la Guardia Civil que ha sufrido un desvanecimiento debido a la fuerte carga de trabajo de los últimos días.

Está previsto que tras esta tanda de siete detenidos, otros seis, cuyas identidades se desconocen, comparezcan ante el juez en los próximos minutos tras ser trasladados desde dependencias de la Guardia Civil.