La «mascletà» judicial adelantada a enero que el martes provocó la detención de Alfonso Rus y su cúpula, junto al circulo de confianza de la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, también ha arrastrado a seis empresarios valencianos de la construcción. Entre los veinticuatro detenidos el pasado martes figura el presidente de Cleop, Carlos Turró, y su ex director general, Alejandro Serra Noguera; el presidente de Construcciones Luján, Francisco Javier Luján Morant; el propietario de Construcciones Francés, Vicente Francés Mora; Javier Marchesi, ex consejero delegado de la empresa constructora Clásica Urbana; además del castellonense Carlos Vicente Gil, propietario de Cyrespa.

Todos ellos tienen un denominador común: las contrataciones con la Diputación de Valencia, mayoritariamente, el ayuntamiento de la capital y otros consistorios con alcaldes implicados. La Generalitat también era cliente de estas empresas, cuando aún licitaba obras.

La constructora Cleop, por volumen de negocio y sus dos directivos implicados, es la principal afectada. Una filial de la mercantil presidida por Carlos Turró (Servicleop) ha sido la concesionaria del servicio de la grúa en el Ayuntamiento de Valencia y se encargó de la rehabilitación de las Torres de Quart, contrato en el que la Fiscalía Anticorrupción ha puesto la lupa por el presunto cobro de mordidas. De la institución que presidía Alfonso Rus recibió jugosos contratos como la reforma de la Plaza de Toros de Valencia, además de varias actuaciones en carreteras como la ronda de Albal, según la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

Construcciones Luján también ha logrado en los últimos años contrataciones del área de Carreteras en la Diputación de Valencia como las obras de acceso a Godella y el mantenimiento y conservación de dos áreas de vías secundarias: Requena-Utiel y Bétera-Serra. Construcciones Luján también participó en la construcción del circuito de Fórmula 1, cuya polémica gestión investiga otro juzgado de Valencia.

El resto de constructoras implicadas en el presunto cobro de comisiones son de mucho menor tamaño. Construcciones Francés, propiedad del empresario detenido Vicente Francés Mora, ha logrado en los últimos años adjudicaciones en la diputación, Moncada y Fontanars dels Alforins, instituciones en las que Alfonso Rus, Juan José Medina y Máximo Caturla (también detenidos) tenían poder decisión o capacidad de influir en las adjudicaciones.

Cyrespa, propiedad del castellonense Carlos Vicente Gil, también ha ejecutado varias actuaciones de rehabilitación en el Castell de Xàtiva, además de participar en la rehabilitación de la Catedral de Valencia.

Entre el resto de empresarios detenidos, cuya identidad no trascendió el martes, se encuentra Jaime Cabot Ivars, administrador de Geneva Patrimonial, el fondo de inversión supuestamente utilizado para blanquear el dinero de las mordidas. Geneva Patrimonial sería la matriz de la supuesta trama internacional: posee el 20% de Fabricación y distribución del mueble SL (FDB) y ésta, a su vez, el 99,9% de esta sociedad, cuya sede está en la ciudad brasileña de Salvador de Bahía.

También Enrique Aleixandre Chumillas, ex propietario de Universo Selección, una contratista de la Diputación de Valencia, ha acabado salpicado por la «Operación taula». Esta mercantil participó en unión temporal de empresas (UTE) con Omega Mmoe, la firma de otro detenido (José Úbeda, testaferro de Marcos Benavent) en la organización de eventos varios como el «Sona la Dipu», actuaciones de la Fira d´Agost de Xàtiva y la organización de la eliminatoria de la Copa Davis de 2009, entre Serbia y España, que se disputó en Benidorm.

Otro empresario relacionado con mercantiles que han realizado trabajos para Imelsa y una televisión local de Castelló, Salvador Sansano Pitarch, también figura entre los 24 detenidos que pasarán a disposición judicial a lo largo de los próximos días.

Por último, Javier Marchesí, relacionado con múltiples empresas entre ellas Clásica Urbana, también ha tenido que declarar ante la Guardia Civil por su presunta relación con la trama de comisiones relacionada con Alfonso Rus.

Por último, tres funcionarios de la Diputación de Valencia (dos arquitectos y un miembro de las mesas de contratación) han seguido la estela de su ex presidente y han acabado implicados en el entramado de mordidas y comisiones a cambio de concursos. Un colaborador necesario e imprescindible sería Salvador Deusa, ex jefe evaluación y planificación de la Diputación de Valencia, responsable de las mesas de contratación. Deusa era el encargado de elaborar la práctica totalidad de los pliegos de condiciones técnicas. Los arquitectos Joan Vergara y Elena Bosque serían parte de este engranaje ya que supuestamente habrían colaborado en la aceptación de facturas falsas y el hinchado de precios por proyectos pagados por la diputación.