La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha citado a declarar esta mañana, en calidad de «investigados», a todos los concejales y asesores del Partido Popular de Valencia, una acusación que de sostenerse tras la declaración, podría suponer, si se aplica el criterio de la dirección nacional, el desmantelamiento del PP en la capital. Cuando todo apuntaba a que la investigación había parado en el portavoz popular, Alfonso Novo; la secretaria de grupo, Carmen García Fuster; el asesor Luis Salom y la administrativa María José Pi, la Guardia Civil ha extendido sus sospechas a todos los cargos electos y personal de confianza, alrededor de 50 personas (20 concejales y una treintena de asesores).

Todos ellos, según han confesado públicamente, pagaban 60 euros mensuales al partido y en las últimas elecciones aportaron 1.000 euros por cabeza para la campaña electoral, dinero que presuntamente les fue devuelto en dinero negro, extremo éste que sería blanqueo de dinero pero que ellos niegan.

Con su declaración, la Guardia Civil quiere tener testimonio del conjunto y contrastar versiones de lo sucedido, así como establecer la responsabilidad personal de cada uno de ellos en esta trama.

En principio, todos ellos han sido citados hoy a las 9 de la mañana en la Comandancia de Patraix, acompañados de abogado. Y una vez terminada la declaración quedarán en libertad sin cargos o pasarán a disposición judicial manteniendo la condición de «investigados».

De ser así, la dirección regional del partido, que ya ha suspendido de militancia a los otros implicados, tendría que actuar de manera similar con el resto, lo que en la práctica supondría el desmantelamiento del partido en la capital, empezando por el grupo municipal, implicado al completo, y terminando por el PP local, cuya dirección ocupan casi totalmente los concejales y asesores señalados.

¿Y Rita Barberá?

La gran incógnita a última hora de ayer era si entre los citados estaba también la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, que era, además, la candidata en las elecciones para las que se pidió esa polémica contribución de 1.000 euros. Todas las fuentes consultadas dentro del partido indicaban que no, pero en la Guardia Civil no pudieron confirmar ni desmentir tal extremo.

El suplicatorio de Rita

Hay que tener en cuenta que Rita Barberá es senadora y para poder acusarla formalmente debe solicitarse primero un suplicatorio al Senado para levantar su aforamiento. La duda era si podía declarar ante la Guardia Civil y como testigo, extremo éste que la UCO no desveló. En el partido, independientemente de esto, la citación masiva y generalizada ha caído como un segundo jarro de agua fría. Insisten en que esas donaciones son legales y naturales, como ocurre en otros partidos, y no ven, incluso, delito en que a algunos «donantes» se les devolvieran los 1.000 euros, si es que eso ha ocurrido. «Tú imagina que una persona de pronto tiene una necesidad económica y pide el dinero para una urgencia. Pues igual se le da y no pasa nada», explicó uno de los afectados. La preocupación ayer era máxima y la incertidumbre absoluta.