El pleno del Consell de la Generalitat Valenciana ratificó ayer los acuerdos adoptados en las Comisiones Territoriales de Urbanismo de Castelló y Valencia que suponen de facto la paralización de más de 7,667 millones de metros cuadrados y casi 25.000 viviendas que no llegaron a desarrollarse por el estallido de la crisis inmobiliaria.

Entre los proyectos afectados por esta medida se encuentra el sector «Gran Manises», en el que participaba el empresario alicantino Enrique Ortiz asociado a lnstituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), ahora EIGE (Entidad de Infraestructuras de la Generalitat)

Según la información suministrada por la Generalitat al finalizar el pleno del Consell, la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia acordó denegar la aprobación del expediente de homologación y plan parcial del Sector Gran Manises, que preveía el desarrollo de una amplia franja de terreno declarado actualmente como suelo «no urbanizable» que habría pasado a «urbanizable» de uso global residencial.

Solo en este espacio, la superficie de suelo edificable ascendía a 1.403.520 metros cuadrados de los que 1.007.257 serían residenciales, distribuidos en torres de 12 alturas que hubieran supuesto la construcción de 9.000 viviendas. El resto, hasta 67.150 m2, tendrían uso terciario.

En su día, la alternativa técnica del proyecto fue formulada por la mercantil «Tarea Promotora Valenciana de Vivienda», una empresa mixta que estaba participada por el Ivvsa y una de las firmas de Enrique Ortiz, imputado en los casos Brugal y Gürtel. Este plan fue impulsado por Rafael Blasco como conseller de Territorio, al igual que otros macroproyectos como el Manhattan de Cullera y Nou Mil·lenni de Catarroja, invalidados en los tribunales.

Expedientes en la Fiscalía

Al margen de impulsar la paralización de estos proyectos, la actual Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Ordenación del Territorio ha justificado el traslado a Fiscalía de algunos de los expedientes, en especial los relacionados con la empresa Tarea, por entender que existían actuaciones irregulares con un claro perjuicio para la Generalitat Valenciana. El Consell justifica estos acuerdos en la existencia de un «nuevo modelo urbanístico más sostenible que le lleva a desclasificar los suelos no desarrollados por ahora por los promotores.

En este contexto, el Consell ratificó también el acuerdo para denegar la aprobación del Plan Parcial del sector Benamar en Chiva, proyectado sobre 2.241.491 metros cuadrados clasificados como suelo no urbanizable común que pasaba a residencial de baja densidad para construir 2.916 viviendas.

También en la provincia de Valencia se ha paralizado el Plan Parcial de Mejora del Sector Nord del Alter, con 176.610 metros cuadrados y el sector PPI-3, donde se proyectaban 67.150 hectáreas de suelo industrial.

En Llaurí ha sido denegado el desarrollo del Plan Parcial de la Fonteta del Torrut, donde el nuevo suelo urbano ascendía a 562.164 metros cuadrados. En Oliva el sector afectado es el de la Finca Pleva, con 353.994 metros de suelos no urbanizable sobre los que se proyectaban un uso residencial de baja densidad. En Tavernes de la Valldigna se han archivado también dos proyectos de viviendas protegidas.

Finalmente, en Castelló se deniegan o archivan cinco planes parciales que hubieran supuesto la reclasificación a urbano de 3.020.856 metros cuadrados con una previsión inicial de 6.868 viviendas.