Medio centenar de concejales y asesores han estado prestando declaración desde ayer ante la Guardia Civil por su colaboraron en el presunto blanqueo de dinero para financiar la última campaña electoral de Rita Barberá. La imputación masiva de cargos del PP se produce, tal como viene informando este diario, después de que cuatro ex asesores del anterior gobierno de Rita Barberá declararan ante la Guardia Civil, que habían recibido presiones para participar en la financiación irregular de la campaña electoral de Rita Barberá. Se trata de Nuria Diego, ex asesora de la alcaldesa Rita Barberá, Arantxa Martí, ex asesora de Alfonso Grau, Patricia Iserte, ex asesora de Beatriz Simón, y Jesús Gordillo, también antiguo asesor de Grau.
Algunos de los consultados por este periódico aseguran que se negaron a participar en el «chantaje» pese a que existían amenazas y presiones. «Me pareció algo turbio y me negué», asegura uno de los asesores que ha confesado ante la Guardia Civil lo que ocurría en el ayuntamiento. También sostiene que Rita Barberá «estaba al corriente» y que era la secretaria del grupo municipal, Mª Carmen García Fuster, una de las principales imputadas, la que se encargaba de pedirles el dinero. Alguno de los exasesores apuntaron en el transcurso de la investigación que no siempre era ella personalmente quien realizaba las llamadas y proposiciones.
«Una estrategia torpe»
La misma asesora asegura que nunca antes le habían pedido que participara en este tipo de operaciones de blanqueo de dinero. «Me pareció una estrategia muy torpe, hacer algo así tan en abierto», explica la misma asesora quien asegura que la dinámica era que el asesor hacía una aportación de mil euros al grupo y luego se lo devolvía en billetes de 500 euros. «Estoy muy tranquila, solo quiero que esto se esclarezca», añade. Muchos de ellos, aseguran ahora, que se sintieron «engañados» y no se les explicó bien lo que se pedía. Algunos de los trabajadores que se negaron a participar fueron despedidos después de perder las elecciones en mayo.
La Junta de Gobierno ratifica la destitución de la secretaria del PP
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia ratificó ayer, a instancias del PP, que ya lo había anunciado el pasado jueves, la destitución de María del Carmen García Fuster como secretaria de este grupo municipal en el consistorio tras su detención en la Operación «Taula», según informó el segundo teniente de alcalde y portavoz del ejecutivo local, Jordi Peris. García Fuster está imputada „investigada de acuerdo con la nueva terminología de la Ley de Enjuiciamiento Criminal„ en la causa que investiga este caso por delitos de cohecho, malversación, blanqueo y tráfico influencias. El miércoles, tras declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia quedó en libertad.
