El expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, que había pasado las dos noches anteriores en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil de Benimaclet, salió pasada la medianoche de ayer de la Ciudad de la Justicia en libertad con cargos a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado para el el ingreso en prisión. El juez de Instrucción número 18 de Valencia optó por dictar libertad provisional, con la obligación «apud acta» de comparecer cada 15 días en el juzgado para asegurar que no se sustrae a la acción de la Justicia. El magistrado decidió dejarlo libre al considerar que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.
La misma decisión tomó para las manos derecha e izquierda de Rus en la Diputacion de Valencia, el exalcalde de Moncada Juan José Medina, y el de Genovés, Emilio Llopis, así como para el exvicepresidente de la institución provincial y exresponsable de su área de Hacienda, Máximo Caturla.
Para todos ellos ha fijado una fianza de responsabilidad civil conjunta de seis millones: Rus y Caturla deberán dejar en depósito dos millones de euros cada uno, mientras que para Medina y Llopis, el juez ha fijado sendas fianzas de un millón de euros.
Una espera de 60 horas
Sesenta horas después de que se iniciara la «Operación Taula», los cuatro máximos responsables de la diputación y del Partido Popular de la provincia de Valencia comparecieron por fin ante el juez, aunque fuentes judiciales no pudieron confirmar si prestaron declaración o se acogieron a su derecho a no declarar.
El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, que supervisa la investigación de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción de Valencia desde el pasado mes de marzo, cuando asumió el caso por reparto, rechazó la petición del ministerio público de enviar a la cárcel a los cuatro presuntos máximos responsables de la trama de corrupción del PP valenciano pese a la gravedad de los delitos que se les imputan, porque no cree que ninguno de ellos vaya a fugarse ni a destruir pruebas.
Tal como ha venido informando Levante-EMV, la causa judicial está abierta por varios delitos contra la Administración Pública, entre ellos, los de cohecho, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. En el trasfondo de los supuestos movimientos ilegales de dinero, de las donaciones y de las dádivas se ocultaría un presunto caso de financiación ilegal del Partido Popular, tanto de la ciudad y la provincia de Valencia, como del resto de la Comunitat.
De hecho, los investigadores del Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción están intentando seguir el rastro en el extranjero del dinero supuestamente obtenido por los investigadores a través de comisiones y mordidas.
La segunda jornada de la batería de declaraciones de los últimos diez detenidos de la «Operación Taula» comenzó de nuevo en la comandancia de Patraix, donde los imputados declararon ante los agentes de la UCO. Siguiendo el procedimiento habitual de toda investigación policial, una vez que los detenidos desfilaron ante los agentes -algunos optaron por declarar y otros se acogieron a su derecho a no hacerlo-, fueron reseñados -toma de huellas, fotografías y apertura de la correspondiente ficha policial- y enviados en ocho vehículos camuflados hasta la Ciudad de la Justicia, donde comenzaron a declarar ante el juez sobre las cinco de las tarde.
Los primeros seis que comparecieron ante el juez y el fiscal fueron cinco empresarios y un técnico de la Diputación de Valencia. Todos ellos quedaron en libertad con cargos y, a cinco de ellos, se les impuso el pago de fianzas que oscilan entre 200.000 y un millón de euros, en función del grado de responsabilidad civil que debería anfrontar cada uno de ellos en caso de condena.
El primero en pasar por la sala de vistas que está siendo utilizada en las comparecencias fue el constructor Francisco Javier Luján, seguido por el jefe de Evaluación y Planificación de la diputación, Salvador Deusa. Ambos salieron del juzgado en libertad provisional y con la obligación de pagar sendas fianzas, que en el caso del técnico es de 200.000 euros.
«Esto es un circo»
El presidente del grupo de comunicación Engloba, José Adolfo Vedri, fue el tercero en declarar ante el juez y, al igual que los anteriores, quedó en libertad con cargos y con la obligación de pagar la correspondiente fianza. Vedri dijo a los periodistas que «sólo deseo ver a mi familia y volver cuando antes al trabajo, que tengo abandonado desde hace 48 horas».
A continuación, quien pasó por la sala de comparecencias fue el empresario Salvador Sansano Pitarch, quien en declaraciones a Levante-EMV lamentó las condiciones en las que han pasado los últimos dos días y se quejó del «excesivo tiempo que han tardado en traernos ante el juez. Llevo dos días sin poder ver ni hablar con mi mujer, porque la Guardia Civil me ha requisado el móvil». Sansano, como los anteriores, salió en libertad con cargos y con una fianza económica de responsabilidad civil.
Los dos últimos en ser interrogados por el juez y el fiscal antes de la llegada de los cuatro presuntos máximos implicados en la trama -Rus, Caturla, Llopis y Medina- fueron otros dos empresarios detenidos. Uno de ellos aseguró este diario que «todo es un circo» y que piensa «colaborar con la justicia. Que cada uno asuma sus responsabilidades», explicó cuando abandonaba la Ciudad de la Justicia en compañía de su abogado. Otro de los empresarios arrestados, tapado con una gorra y el cuello de la chaqueta alzada para evitar ser identificado, declinó hacer declaraciones a los periodistas. «Dejadme en paz», fue lo único que dijo. Ambos quedaron en libertad con cargos y con la misma obligación de pagar una fianza civil.
