Corruptiopatitis podría ser el diagnóstico de este mal de las mil caras: prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, amaño de contratos públicos, financiación ilegal de partidos, comisiones y mordidas mafiosas. La enfermedad apunta a metástasis. El quirófano valenciano se ha desbordado esta semana. Sin bata blanca pero con trazas de doctor Anticorrupción, Miguel Ángel Blanes „con una tesis convertida en el libro La transparencia informativa de las Administraciones Públicas. El derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa (723 páginas)„ analiza las claves de esta patología. Suyas son estas reflexiones extraídas de una amplia conversación.
CONTAGIO
«Hasta que la ciencia no encuentre un posible ´gen de la corrupción´, las personas no nacemos corruptas, sino que nos convertimos en corruptas en beneficio propio o de terceras personas. Yo distingo tres razones fundamentales: la necesidad, la ambición o avaricia, y la impunidad».
Por necesidad. «Enchufar a una hija sin empleo, tirar de contactos para que a un amigo le operen cuanto antes en el hospital y evite la lista de espera, o ayudar a que un familiar en apuros reciba algún contrato público. ¿Podría sustraerme a la presión de mis amigos y familiares para hacer posible alguno de estos ´favores´? Me dirían: ´No seas tan honrado y ayuda a tu amigo o familiar, que eso sí que es ser buena persona´. Parece que corromperse por razones de necesidad propia o de familiares y amigos no está socialmente muy mal vista. Tenemos la corrupción bastante interiorizada en la sociedad como algo normal».
Por avaricia. «También puede pasar que, habiéndome mantenido al margen de la corrupción, conozca a personas que me planteen obtener grandes ingresos económicos con los que llevar un mayor nivel de vida: mejor coche y casa, viajes, colegios elitistas para los hijos? En esta situación interviene mucho la educación en valores de cada persona para luchar contra la ambición o avaricia de tener mayores ingresos económicos a cualquier precio».
Por impunidad. «La última condición „y la más peligrosa„ que puede intervenir en convertirnos en corruptos es la sensación generalizada de impunidad. En el peor de los casos, si te cogen, sales como mucho unos días en los medios de comunicación y ya está. Con el dinero obtenido puedes pagar la fianza, si te la exigen, y hacer frente a la minuta del abogado para que no deje de presentar escritos y hacer actuaciones en tu defensa. Y si cumples condena, puedes salir para disfrutar del dinero restante que no se ha recuperado».
AGENTES PATÓGENOS
«Los valencianos no somos más corruptos que los madrileños, catalanes o andaluces. Los grandes casos de corrupción se producen allá donde existe actividad económica y recursos suficientes para alimentarla. De hecho, en los pequeños municipios con presupuesto muy reducido no puede proliferar la llamada gran corrupción más allá de las corruptelas o cacicadas del político o funcionario de turno. La Comunitat Valenciana es una comunidad muy activa y con una elevada actividad económica. Se ha urbanizado y construido muchísimo y ello ha generado enormes beneficios económicos. Estas ganancias fueron tan elevadas que permitían un reparto generoso entre todos los agentes públicos y privados. Se dice que no todos los políticos son corruptos ni la corrupción se produce en todas las Administraciones. ¡Claro, porque no siempre se puede dar! No hay dinero, actividad económica, posibilidad. Yo no puedo ser corrupto si tú no me pagas en dinero o en especie. Los corruptos son unos pocos, por supuesto. ¡Porque no todos han tenido ocasión ni han podido! Y no lo olvidemos: de la corrupción sólo se conoce lo que sale».
TERAPIA
«Las medidas anticorrupción impulsadas en los últimos años no sólo no son suficientes, sino que las cuestiones más importantes para luchar contra la corrupción no se han tocado. Es necesario actuar en tres frentes».
Medidas Preventivas. «En la actualidad, los órganos de control interno de la Administración, tanto jurídico (secretarios), como económico (interventores) o técnicos (arquitectos, ingenieros, etc.) no ejercen su trabajo con independencia. El complemento específico „la parte más importante de su nómina„ depende del órgano al que tienen que controlar. Por ello, no proliferan los informes negativos. En la gran mayoría de las ocasiones son nombrados a dedo, no por concurso de méritos. No tienen la obligación de emitir informe en todos los casos y, en ocasiones, los informes se contratan con terceros ajenos a la Administración (despachos de abogados, consultorías). En definitiva, los órganos de control no funcionan correctamente y así es más fácil que la corrupción se produzca. Esta situación no desagrada al político o funcionario en trance de corromperse: el político actúa con bastante libertad ante la poca o nula resistencia de unos funcionarios bien remunerados. Así que todos contentos. Algún interventor me ha dicho: no ganaría lo que gano si la nómina viniera predeterminada por ley como sucede con los órganos judiciales».
Medidas represivas. «Para castigar con rapidez la corrupción hacen falta más jueces y fiscales, con más medios técnicos y materiales para agilizar las investigaciones; nuevas normas procesales que permitan recuperar el dinero ilícitamente obtenido, que impidan el uso de dicho dinero para pagar fianzas y abogados que, en muchas ocasiones, intentan ralentizar o torpedear las investigaciones. Y, sobre todo, evitar que, gracias a usar testaferros, empresas pantallas o terceras personas, puedan en un futuro disfrutar del dinero o bienes ilícitamente obtenidos una vez cumplida la condena penal, si es que la hay. Pero no hay voluntad política de cambiarlo».
CONTRAINDICACIONES
«Hay medidas adoptadas recientemente que no sólo no luchan contra la corrupción, sino que van en la dirección contraria».
Instrucción limitada. «No se trata de acotar por ley el plazo máximo de duración de la fase de instrucción. Por la falta actual de medios, eso va a provocar muchos autos de archivo o sentencias absolutorias. Se trata de habilitar normas procesales especiales para los casos de corrupción, como en su día se hizo con los casos de terrorismo, y dedicar más de un juez y fiscal para instruir estas macrocausas».
Doctrina Botín. «Esta doctrina del Supremo no parece en absoluto acertada. La acción popular está reconocida en la Constitución. En los casos de delitos públicos como los que se cometen en la corrupción, si el Ministerio Fiscal no quiere ejercer la acción penal ni tampoco el Abogado del Estado representante de la Hacienda Pública, ¿cuál es la razón de interés público que justifica que los ciudadanos no puedan ejercer la acción popular en un Estado de Derecho?».
Pagar por litigar. «La imposición de las costas en el contencioso-Administrativo hace más costoso recurrir las decisiones del poder público. Al pago de abogado, procurador, tasas (todavía para las personas jurídicas), ahora hay que sumar también las costas de la Administración si se pierde el pleito (minuta de abogado, arancel de procurador, etc.). Se trata de una medida absolutamente injusta y disuasoria. Un ejemplo: ¿quién va a recurrir un plan urbanístico o una licencia ilegal como no le afecte personalmente y mucho? Nadie. Le puede salir caro».
CHEQUEOS
«Los funcionarios públicos pueden evitar muchas prácticas corruptas. Lo que sucede es que no se protege suficientemente al denunciante; la propia normativa muchas veces impide o dificulta su intervención; se premia más la lealtad personal al político que la valía, por lo que los puestos más relevantes son ocupados a dedo y la nómina depende de la autoridad política a controlar. Es necesario reforzar la independencia real de los funcionarios».
SECUELAS
«La corrupción es el cáncer de la democracia. Genera una gran desconfianza en las instituciones públicas y, sobre todo, un empobrecimiento de los ciudadanos porque el dinero público es de todos, procede del pago de nuestros impuestos, y si este dinero desaparece o se despilfarra, no tenemos para pagar más o mejores servicios públicos con menos impuestos. En algunos casos, además, las nuevas generaciones contemplan la política como una profesión bien remunerada que permite incrementar los contactos personales más que como una vocación de servicio a los demás de forma desinteresada y honesta. Ayudaría a combatir la lacra una limitación de mandatos en cargos y partidos o impedir la dedicación exclusiva para que nadie abandone su carrera profesional y haga de la política una profesión y se perpetúe en ella. Esa renovación haría más difícil la corrupción estructural».
