La Diputación de Valencia va a hacer "lo posible y lo imposible" por personarse como acusación en el proceso judicial que investiga el conocido como 'caso Imelsa' para intentar recuperar el dinero público que salió de esta institución.

El presidente de la corporación provincial, Jorge Rodríguez, ha señalado que el viernes se encargó a los servicios jurídicos que estudien la posibilidad de personación en el procedimiento y, hasta el momento, no se ha adoptado una decisión al respecto.

Sin embargo, el dirigente socialista ha anunciado: "Vamos a hacer lo posible y lo imposible por personarnos".

Preguntado por el 'caso Imelsa', Rodríguez ha avanzado que si el asesor del grupo municipal en la diputación y exconcejal del Ayuntamiento de Valencia Francisco Lledó no cesa en su cargo, mañana se procederá a su destitución.

Según ha recordado, lo primero que hicieron respecto a los asesores detenidos, Emilio Llopis y Juan José Medina, fue advertir de que, si no se producía su cese inmediato, la diputación los destituiría de forma inmediata.

A los pocos minutos de esa advertencia, según ha relatado el presidente de la Diputación de Valencia, el grupo popular trasladó un escrito pidiendo el cese inmediato y, ese mismo día, fueron destituidos.

En su opinión, es lógico que las personas presuntamente vinculadas a la trama del caso Imelsa presenten su dimisión "por higiene democrática" y el propio Partido Popular "está pidiendo que se vayan".

Rodríguez ha señalado que las actas no son de los partidos políticos sino de las personas y son éstas las que tienen que renunciar.

Sobre el procesamiento del expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, que se añade a la investigación judicial al expresidente de la Diputación de Valencia ,Alfonso Rus, y a la condena del expresidente de la de Castelló, Carlos Fabra (todos del PP), Rodríguez ha manifestado que no se trata de un problema circunscrito a una determinada institución, sino "a una manera de entender la vida y la política".

"No estamos hablando de una manzana podrida, sino de una trama que va más allá de las diputaciones" y que afecta a las tres corporaciones provinciales, la Generalitat, empresas públicas y el Ayuntamiento de Valencia, ha lamentado.