Durante los tres años que Máximo Caturla, uno de los supuestos cabecillas de la red corrupta de mordidas en la contratación de obra pública desmantelada en la Operación Taula, estuvo al frente de la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas SA (Ciegsa) se «premió» a contratistas con indemnizaciones por terminar los centros antes de tiempo que «no deberían haberse abonado». Así consta en el Informe de la Intervención de la Generalitat sobre las irregularidades en la sociedad pública creada para agilizar la construcción de colegios e institutos que el Consell ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción.
El informe técnico de la Conselleria de Infraestructuras, documento que sirve de base al organismo de control del Consell para analizar la gestión de Ciegsa, relata que en centros construidos por dicha firma pública «se ha establecido la práctica de conceder premios a las constructoras por terminar las obras antes del plazo contractual». Una recompensa que, añade el documento, «no se entiende», ya que la contratista «tiene un presupuesto de adjudicación ofertado por ella y un plazo de ejecución y plan de obra que cumplir».
Los técnicos de Infraestructuras, que no acotan si estas recompensas a los contratistas se repartieron sólo durante los tres años que Caturla estuvo al frente de Ciegsa „desde mediados de 2004 hasta julio de 2007„ , subrayan que la Consellería de Educación no ha establecido en sus obras «esta práctica de variación de precios o concesión de premios».
Modificados de 3,9 millones
En la muestra de 31 de los 610 centros construidos por Ciegsa entre 2001 y 2012 que analiza la Intervención destaca el caso del Centro Integrado Público de Formación Profesional (CIPFP) Ciudad del Aprendiz de Valencia, una obra adjudicada durante la etapa de Caturla por 8,3 millones (IVA excluido) que acabó costando un 46,47 % más de lo previsto en la adjudicación tras la adenda sendos modificados que suman 3,9 millones. Cifra a la que hay que añadir 1,2 millones en indemnizaciones al contratista. Gran parte de esta cantidad responde a un premio por acabar antes las obras y a una compensación por ampliar de 18 a 32 meses el plazo de ejecución de los trabajos. Ambas se pagaron sin ninguna base legal según el informe.
El contratista percibió 262.515 euros por acelerar la entrega de la fase I de este instituto y de su proyecto complementario, algo que según alertan los técnicos de Infraestructuras a la Intervención no se contemplaba las cláusulas del contrato y, por tanto, recalcan, «no debería haberse abonado cantidad alguna por este concepto».
La indemnización por la ampliación de la ejecución de las obras en 14 meses ascendió a 982.090 euros. El informe de Infraestructuras incide en que el pliego de contratación de la obra, a efectos de posibles compensaciones por ampliación de plazos, «exclusivamente se basa en la revisión de costes indirectos». Es decir, el gasto generado por el mantenimiento de maquinaria y medios auxiliares.
Revisión de precios «encubierta»
Así pues, los técnicos de la conselleria concluyen que este segundo pago extra «pretende encubrir una revisión de precios, la cual no procede y se ha realizado fuera de la Ley de Contratos, en consecuencia la indemnización no debería haberse producido».
A todo esto hay que partir de que las obras del CIPFP Ciudad del Aprendiz se adjudicaron por 8.321.560.72 euros, valor que supera en más de un millón al precio de licitación. Este incremento del 14 %, se sostiene en el Informe técnico, «no sería adecuado, debiéndose haber declarado desierto el concurso e iniciar un nuevo proceso de contratación».
