La macrocausa judicial sobre la presunta trama política, empresarial y de funcionarios y técnicos para el cobro de mordidas y para la financiación del PP tiene más patas que un ciempiés. Además de adjudicaciones a empresas, comprende también la contratación de personas a cambio de un salario sin pasar por los mecanismos de selección de personal previstos en la ley. Según la información de la que dispone Levante-EMV, el titular del juzgado de Instrucción número 18 y la Fiscalía están investigando el clientelismo laboral practicado durante años en Imelsa a través de la colocación de personal a dedo.
Se cuentan por centenares los empleados que habrían ganado su plaza sin tener que superar pruebas de selección y al menos una docena eran zombis, esto es, cobraban sin ir a trabajar. Unas prácticas que podrían constituir delitos de prevaricación y de malversación de fondos públicos. La plantilla de Impulso Económico y Local (Imelsa) alcanza las 770 personas, de las que la inmensa mayoría accedió a dedo. El exgerente Marcos Benavent y la que fue su jefa de recursos humanos, María Escrihuela, serían los dos máximos responsables de la política de colocaciones en la empresa. De hecho, una de las primeras decisiones que adoptó el exgerente fue destituir a la persona responsable de personal para sustituirla por alguien de su máxima confianza.
Escrihuela ejercía de mano derecha de Benavent hasta el punto de que estaba considerada por los empleados de la casa como la auténtica responsable del día a día de la sociedad pública que es el buque insignia de la diputación. La Fiscalía dispone de listados completos de los empleados de la empresa pública. En una de las visitas que hizo la UCO de la Guardia Civil a la sede de la sociedad provincial solicitó información al respecto, que fue facilitada.
Las contrataciones de personal no son ningún asunto menor en Imelsa. Ocho de cada diez euros de presupuesto de la empresa se dedican a pagar nóminas. Más de 500 empleados pertenecen a las brigadas forestales, un servicio que se ejerce por encomienda de gestión desde la diputación y que constituye sin duda la principal actividad de Imelsa.
La empresa ha servido durante años como oficina de colocación para cuadros medios y empleados de partidos políticos. Sobre todo del PP, pero no únicamente del PP. Su dotación presupuestaria ha dado pie también a que departamentos provinciales como el de prensa o protocolo hayan sido adscritos íntegramente a Imelsa „que ha pagado las nóminas„ aunque han ejercido en la diputación. Una práctica que el presidente provincial, Jorge Rodríguez, ha querido eliminar ante el temor a incurrir en cesión ilegal de trabajadores. El pulso en el equipo de gobierno (en el propio PSPV y entre socialistas y Compromís) sobre cómo solventar este asunto se ha saldado finalmente con la decisión de dar tres semanas de vacaciones a los afectados (una veintena) para estudiar caso por caso.
Despidos del entorno de Rus
Aunque parece que la decisión de los despidos está tomada. Imelsa, obviamente, no requiere servicios de prensa y protocolo por lo que de ser destinados estos empleados a la empresa pública están abocados a acabar en la calle. Como contó este diario el 17 de octubre, los nuevos responsables de la empresa pública ejecutaron una veintena de despidos del círculo de Alfonso Rus.
Antes de las elecciones, el PP blindó la plantilla de Imelsa con un convenio de urgencia. Se firmó a tres semanas de los comicios, por cinco años y sin pasar por el consejo de administración, ni contar con el informe del interventor. Un acuerdo laboral, negociado y firmado únicamente por el sindicato CSI·F „mayoritario en el comité„ con la empresa que vacunaba contra el previsible vuelco electoral que se produjo.
El acuerdo establece una indemnización de «33 días por año trabajado sin limitación alguna y en cuantía mínima de 3.000 euros independientemente de la antigüedad que tenga el trabajador afectado». Los 20 días fijados en la reforma laboral y el tope de 24 meses quedaba suprimido en el convenio, además de contemplar esa compensación mínima, cuya importancia no es menor si se considera que hubo una veintena de incorporaciones de última hora.
El artículo 14 del convenio prevé, además, que en caso de producirse «cualquier despido disciplinario al trabajador se le aplicará en esta materia la misma legislación que a los representantes de los trabajadores». Esto es, el mismo trato que al comité.
