El equipo de Gobierno municipal está a la espera de que todos los concejales y asesores del PP pasen por el juzgado que investiga el caso Imelsa para tomar decisiones sobre su futuro y sobre su situación laboral. Primero les pedirá a ellos y al partido que dimitan o los destituyan, y si no es así actuarán por su cuenta. Los asesores serán suspendidos de empleo, es decir, despedidos, y a los concejales que no dimitan y pasen al grupo de los no adscritos „el PP ya ha dicho que los suspenderá de militancia„ podría quitarles o reducirles notablemente el sueldo, una decisión, eso sí, que no está tomada. «Hay que ver qué pasa», dijo ayer el alcalde, Joan Ribó.
Después del paso por los juzgados del exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, y del asesor popular Luis Salom, ya se conoce que ambos siguen «investigados» y que Novo quiere conservar el acta de concejal hasta que se levante, al menos, el secreto del sumario.
El próximo lunes, además, comienzan a declarar hasta 34 concejales (14) y asesores del PP, gran parte de ellos aún pertenecientes al Grupo Popular. Y media docena de concejales podrían mantener también el acta de concejal y engrosar ese grupo de no adscritos con Novo.
La pregunta, por tanto, es qué pasara con los asesores y los concejales que no abandonen sus cargos voluntariamente. ¿Que puede hacer el equipo de Gobierno? Pues bien, fuentes municipales explicaron ayer que lo primero será pedir la dimisión a todos ellos o su destitución a la Dirección Regional del PP. Y si eso no ocurre, es decir, si los asesores no son destituidos por su grupo o los concejales se van al grupo de los no adscritos, entonces el «tripartito« actuará en consecuencia.
Los asesores serán suspendidos de empleo de manera fulminante y lo serán según vayan saliendo del juzgado con la condición de «investigados». De hecho, hoy se aprobará en la Junta de Gobierno Local la suspensión de Luis Salom como asesor municipal, pues ya declaró el viernes ante el juez y se mantienen las acusaciones de blanqueo de capitales.
Extrema debilidad
Respecto a los concejales y los funcionarios, la situación es distinta. A los primeros hay que abrirles un expediente y a los segundos tratarlos según su situación. En este sentido, las fuentes explicaron que los concejales que decidan seguir no pueden formar grupo, por lo que pierden los privilegios que tienen los otros partidos en el ayuntamiento. Seguirán como concejales individuales y también ahí su posición es de extrema debilidad. El pleno podría revisar el número de liberados y quitarles el sueldo, y también podría recortárselo drásticamente.
De todas formas, el equipo de gobierno no tiene tomada una decisión respecto a los concejales. «Le pedimos a Novo que presente su dimisión como concejal, a Bonig que cumpla como presidenta del PPCV con lo que dijo y a Rajoy que cumpla con lo que dice de que el que la hace la paga», declaró ayer Joan Ribó. «Ellos han de cumplir. Nosotros, a partir de ahí, veremos lo que hacemos, pero esperamos del PP que tome las medidas necesarias para que esto no vuelva a pasar y no dañe la imagen de la ciudad de Valencia», declaró.
Preguntado por sus sueldos, el alcalde explicó que «hay que ver qué pasa» y que se está ante una situación «abierta». Ribó pidió tiempo y «tranquilidad» para ver cómo se desarrolla todo.
