Las consellerias de Políticas Inclusivas y de Vivienda barajan la posibilidad de que parte de la vivienda pública que se está rehabilitando se distribuya entre los colectivos de víctimas de violencia machista, enfermos de salud mental, transexuales excluidos y extutelados de la Generalitat.
El secretario autonómico de inclusión, Alberto Ibáñez, explicó que esta medida responde a uno de los preceptos encuadrados en el Acord del Botànic, sobre la necesidad de reforzar el sistema público de atención a los colectivos en situación o riesgo de exclusión social. «Entendemos que el derecho a una vivienda es clave para la inclusión social de estos colectivos», destacó.
Además, informó que desde la dirección general de Inclusión Social se trabaja con entidades financieras para obtener su colaboración en la cesión de viviendas por períodos de 5 años para este uso social, especialmente en las zonas rurales y envejecidas que sufren despoblación. También recordó que la Conselleria ha incrementado este año un 83,74 % el presupuesto destinado a la financiación de programas de acción social y comunitaria.
En esta propuesta también trabajan la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas y el secretario autonómico de Vivienda, Josep Vicent Boira.
