Innecesario para los diputados pero imprescindible para los jueces y fiscales. La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, dio ayer una conferencia en la tribuna Forum Europa en la que admitió que el aforamiento precisa de «una revisión» debido al «excesivo número de aforados» existente a nivel autonómico. Eso sí, con puntualizaciones.
La consellera aseguró que «no pasaría absolutamente nada si los diputados, o quienes ejercen responsabilidades públicas, fueran sometidos a la jurisdicción ordinaria». Sin embargo, defendió el aforamiento para jueces y fiscales, y no por «corporativismo», sino porque «ante cualquier resolución que no haya gustado, o ante cualquier querella donde la investigación la tenga que hacer el compañero del despacho de al lado generaría una situación extraña y ciertas disfunciones». Para Bravo, es «más efectivo» que un organismo distinto «examine los hechos» en lugar de que esto lo haga «un compañero de jurisdicción».
La revisión del aforamiento salió a la palestra junto a la valoración de las últimas corruptelas que han asolado al Comunitat Valenciana y la pregunta sobre en qué momento debe dimitir un cargo público. Bravo „que recalcó que no milita en ninguno de los tres partidos políticos que firmaron el Pacto del Botánico„ aseguró que España debería tomar ejemplo de otros países europeos donde «se producen dimisiones cuando existe una actuación que éticamente no es correcta» y que los tiempos de un proceso judicial «no deben determinar las decisiones políticas».
Objetivos de la legislatura
Gabriela Bravo realizó una conferencia donde reconoció la falta de medios en los juzgados, una situación que ha llevado a que el «25 % de la población valenciana espere una resolución judicial que no llega». Y es que a la falta de medios y al colapso en los juzgados se suma la «necesaria revisión del modelo de justicia gratuita» ya que tras los recortes a los abogados de oficio „que supusieron un tijeretazo del 37 %„ es «imposible que regresen al punto de partida de 2012 en un año. La revisión de los baremos de los módulos es objeto de toda la legislatura».
Además, la consellera de Justicia aseguró que en los próximo nueve años «más del 40% de la plantilla se jubilará» por lo que es preciso «reordenar a los casi 16.000 funcionarios y eliminar o reducir la alta tasa de interinidad que se sitúa en torno al 30 %». Ante un «reclutamiento» necesario por la «jubilación masiva» de casi la mitad de la plantilla, la consellera Bravo anunció una revisión progresiva de las oposiciones de funcionarios de Justicia. Aunque el modelo se mantendrá, la consellera anunció un sistema que dará más valor a los supuestos prácticos, a los ejercicios de destrezas y a habilidades laborales, mientras «se rebajará el peso de los exámenes teóricos».
Por último, Bravo apuntó entre las prioridades de su conselleria el desarrollo autonómico de la Ley de Memoria Histórica y la erradicación de la violencia de género, para lo que es necesario «desarrollar una parte de la ley que aún no se ha trabajado y que se centra en la prevención».
