La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Maria Ángeles Ureña, declaró ayer como imputada ante el juzgado de Instrucción número 15 que investiga las contrataciones presuntamente irregulares en la empresa Valenciana de aprovechamiento energético de residuos SA (Vaersa). Ureña, que se mantiene al frente de la CHJ a pesar de su imputación por prevaricación y malversación desde el pasado 4 de diciembre, fue consejera delegada y vicepresidenta de Vaersa entre 2007 y 2011, además de secretaria autonómica de Medio Ambiente. Los mismos años en los que, supuestamente, se produjeron las irregularidades en Vaersa que ahora investiga la justicia: el pago de complementos de productividad sin autorización de Hacienda, el abono de servicios jurídicos privados sin concurso previo y el fraccionamiento del contrato para adquirir 65 todoterrenos.
De los dos directores generales imputados por las irregularidades en Vaersa, Felipe Espinosa y Enrique Simó, fue el primero el que dejó a Ureña a los pies de los caballos al señalar a Maria Ángeles Ureña, como «la persona que verbalmente autorizaba el abono de la productividad. Si ella no lo hubiese autorizado no se habría pagado». Espinosa también admitió que tanto él como Ureña eran «perfectos conocedores de que el Consell no había autorizado su abono».
En su declaración de ayer ante el Juzgado de Instrucción número 15, la ex secretaria autonómica devolvió la pelota al tejado de Espinosa. Ureña explicó que no fue informada por el ex director de Vaersa de ninguna de las decisiones sobre los pagos y contrataciones investigados ya que Espinosa actuaba con plena autonomía como director de Vaersa, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de la declaración. También añadió que las decisiones y contrataciones adoptadas sobre el pago de la productividad, la contratación de los letrados y de los todoterrenos no se trataron en el consejo de administración de la empresa pública. Sin embargo, en el auto de imputación de Ureña en el «caso Vaersa», la jueza de Instrucción 15, Silvia Vivó, aseguraba que «queda claro que los controles administrativos impuestos no funcionaron a sabiendas de los responsables» de Vaersa. De ahí que decidiera la imputación de María Ángeles Ureña, porque «en calidad de consejera delegada, autorizó el abono de cantidades importantes en concepto de productividad al margen de la legislación vigente, con conciencia plena de ello y con perjuicio para las arcas públicas».
Durante los años investigados fueron presidentes de la empresa pública Vaersa los consellers Esteban González Pons (2007), José Ramón García Antón (2007-2009), Juan Cotino (2009-2011) e Isabel Bonig (2011).
