La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, volvió ayer a descartar de plano que el Consell pueda renovar cualquier concesión. Recordó que la primera que vence es la de la Ribera, en 2018, y desveló que ya han comenzado las auditorías y la elaboración de un pliego de penalizaciones y sanciones.

Por su parte, el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, considera que la inclusión de los contratos en el portal tiene un carácter «simbólico» ya que en este asunto el Consell llega incluso más allá de lo que reclama la propia transparencia, según dijo. Con todo, el Ejecutivo de Puig considera que se trata de documentación importante que permite comprender el funcionamiento de la Sanidad valenciana ya que en los 17 años de vigencia del modelo estos documentos siempre se habían ocultado. «El objetivo del Consell no es ganar dinero, sino garantizar unos derechos fundamentales», aseguró el conseller Alcaraz.

El acceso a estos contratos no era público, según la consellera Montón, quien indicó que al portal de Transparencia también se han incorporado los pliegos de referencia y los de prescripciones técnicas particulares y el anteproyecto de explotación. Según Montón, de estos contratos llama la atención la renuncia de la Administración a contar con una capacidad sancionadora clara ante posibles incumplimientos. A su juicio, esta circunstancia dificulta tanto la imposición de sanciones como, eventualmente, justificar una posible resolución anticipada del contrato, y por ello anunció que incorporará un listado de penalizaciones ya que al menos una concesión ha pedido a Sanidad «medidas de control a las que renunció aplicar la Administración anterior».

La consellera también criticó ayer que desde el anterior Consell nunca se realizaron auditorías de cuentas o de inversiones. «Y lo que es peor, nunca realizó una auditoría asistencial que garantizase la equidad en prestaciones ofertadas por las concesiones respecto de los departamentos de gestión pública», aseguró.