El abogado Serafín Castellano ha vuelto a la rutina de «la vida civil». Tras 24 años dedicados a la «res pública», la «Operación Hispaniolus» (su nombre en latín) lo envió al paro forzoso (sin prestación económica para los políticos). Así que toca reciclarse y retomar una profesión que apenas llegó a ejercer ya que se estrenó como alcalde de Benissanó con 27 años y abandonó la Delegación del Gobierno, tras ser detenido, a dos meses de cumplir los 51 años.
La vía elegida por el ex secretario general del Partido Popular es la del derecho concursal, la rama del derecho mercantil especializada en resolver las insolvencias de las empresas abocadas a los concursos de acreedores. Así que Castellano asiste desde el pasado 12 de enero al «Curso de Derecho concursal» que organiza el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV).
Castellano acudió ayer antes de tiempo a su cita con la formación, para poder tomar un café. El ex conseller llegó en una Yamaha conducida por su ex secretaria autonómica, Asunción Quinzá, también abogada y compañera de curso en las prácticas concursales (que ya lo acompañó cuando reapareció públicamente en la primera sesión de la comisión de investigación del accidente del metro en las Corts).
Seis días después de que se levantara el secreto del sumario de la causa que le imputa los presuntos delitos de malversación, prevaricación y cohecho, Castellano declinó hacer declaraciones sobre el alcance de las acusaciones de la investigación judicial. «Ya tenéis vosotros el sumario completo», respondió cuando Levante-EMV le preguntó sobre la causa. «Como dijo que era un disparate antes de conocer el contenido cuando compareció en la comisión del metro», insistió este periódico. «Y sigo pensando lo mismo, todo esto es un disparate», respondió. Castellano declinó contestar a más preguntas. «Esto es mi vida privada. Estoy recuperando mi vida civil. Ya hablaré cuando tenga que hablar, porque yo no me escondo», zanjó.
