La reclamación que plantean las empresas adjudicatarias del modelo Alzira no tendrá recorrido a juicio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Fuentes del departamento explicaron ayer que la actualización de la cápita por habitante, por la que el Consell paga a las empresas, se realiza por un criterio, el del crecimiento del gasto consolidado de ámbito estatal, que ya incluye el dinero que permaneció oculto en los cajones del Consell y que da pie a las empresas a reclamar.

Un portavoz oficial del departamento que dirige Carmen Montón explicó que existen dos criterios para actualizar la cápita, el ya mencionado, y el que vincula al IPC en caso de que el crecimiento del gasto estatal resultara negativo. En ambos casos, la cápita crece.

Sin embargo, en Sanidad consideran que una vez se cierran las liquidaciones definitivas, los afloramientos de gasto que se producen con posterioridad a un determinado ejercicio ya están incluidos, por lo que las empresas no tendrían derecho a reclamar ahora un aumento de la cápita. Con todo, se abre un frente entre empresas y conselleria que podría acabar en un contencioso. De momento, el Consell reclama a la adjudicatarias que empiecen a abonar las liquidaciones que ya son definitivas.

El miercoles la consellera Montón desveló que ya han comenzado las auditorías a los departamentos y la elaboración de un pliego de penalizaciones y sanciones, que los anteriores gestores, del PP, evitaron incluir en los contratos y que ata de manos a la Generalitat a la hora de penalizar incumplimientos e incluso justificar una resolución anticipada del contrato. Montón también desveló que su departamento no tiene constancia de la elaboración de auditorías de cuentas, inversiones o asistenciales que eran preceptivas.