La firma Ribera Salud, el principal grupo empresarial en el sector de las concesiones sanitarias y que gestiona en la Comunitat Valenciana la atentión primaria y especializada de 701.300 usuarios, difundió ayer -tras publicar el Consell los contratos de los distintos departamentos en el portal de transparencia- datos que señalan que su gestión es mucho más eficiente que la de la red pública.
La empresa gestora saca pecho a dos años vista del final del modelo Alzira, que ha imperado en la Comunitat Valenciana desde la apertura del hospital de la Ribera en 1999. Ribera Salud ofrece datos que sitúan a los hospitales del modelo Alzira con retrasos de prácticamente la mitad que los centros de la red pública en demora en intervenciones quirúrgicas y de consultas externas y que, según fuentes de la empresa, el anterior Consell evitaba que hicieran públicos para no poner en evidencia al resto de departamentos.
La concesionaria respondía así a la publicación en el portal gvaoberta del contrato y pliegos de condiciones de las concesiones sanitarias que no se habían hecho públicos en los últimos 17 años.
Un portavoz del grupo empresarial aseguró que aplaudía la iniciativa de transparencia del Consell, pero confiaba en que se tratara de un primer paso para poner a disposición de los ciudadanos toda la información de interés, como ya han hecho otras autonomías como Cataluña. No sólo la de tipo jurídico, como ocurrió ayer con los contratos, sino también la de carácter asistencial como la situación de las listas de espera en centros públicos, la demora para ser visitado por un especialista, el porcentaje de anestesia epidural en los partos o el de pacientes pendientes de operar de más de seis meses. En todos esos indicadores, a los que ayer tuvo acceso Levante-EMV, y siempre según las fuentes de Ribera Salud, los hospitales del modelo Alzira ofrecen mejores porcentajes que los de la red de hospitales públicos.
Ribera Salud ofreció «la máxima colaboración y disposición» con la Administración para que se hagan públicos los datos comparativos de todos los departamentos. Datos como el de los pacientes atendidos a tiempo en Urgencias, el 84% en los hospitales bajo concesión y el 81% en la red pública, o la tasa de fracturas de cadera intervenidas con más de dos días de retraso, del 25% en Ribera Salud, y del 48% en el resto de centros de la autonomía.
Mientras, de la información incluida ayer en el portal de transparencia se deduce lo ya avanzado la semana pasada tras la comparecencia en las Corts del vicesecretario de Sanidad, Ricardo Campos, quien desveló que el anterior Consell no acometió auditorías ni controles a los que estaba obligado por los pliegos de condiciones o que el Consell renunció a imponer capacidad sancionadora que pusiera freno a posibles incumplimientos como si realizó, por ejemplo, la sanidad madrileña, que preveía sanciones de hasta 600.000 euros a las empresas incumplidoras. Por ejemplo, en la cláusula 13, la del control económico y financiero del departamento de la Ribera, se recoge que el adjudicatario deberá someterse a una auditoría integral anual realizada por la Generalitat, a través de medios propios y ajenos. Sin embargo, fuentes del departamento que dirige Carmen Montón señalaron ayer que no tienen constancia de la existencia de copias de las auditorías realizadas, por lo que deducen que no se habrían realizado pese a que existía obligación legal.
Otra de las irregularidades que ha detectado la conselleria y que el anterior Consell del PP pasó por alto es la apertura de varios hospitales, entre ellos Dénia, Manises o Crevillent, en plazos muy superiores a lo estipulado en los contratos. Aunque en el caso de Dénia estaría más justificado por los problemas que se generaron, pese a que la concesionaria estaba obligada a abrir en dos años (24 meses) en el caso de Dénia el contrato se firmó en marzo de 2005 y el hospital empezó a trabajar en 2009. En el caso de Manises, desde el contrato a la apertura pasaron tres años y en el de Crevillent, la apertura se demoró de 2007 a junio de 2010.
Auditoría de la Sindicatura
Además de la fiscalización propia, el Consell y la puesta al día de las liquidaciones anuales con las concesionarias „Alzira adeuda 5,6 millones „ la Generalitat reclamará a la Sindicatura de Comptes una auditoría sobre las concesiones como hizo hace unos años con las resonancias magnéticas. El Síndic concluyó que el sistema era perjudicial para el Consell.
