El Ayuntamiento de Valencia se ha dirigido al Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia para pedirle el listado de los asesores del PP que han salido con la condición de «investigados« tras su declaración por la operación Taula y la trama de los 1.000 euros. De esa manera podrá abrirles expediente y suspenderlos de empleo y sueldo, como ya se hizo con el asesor Luis Salom en la Junta de Gobierno Local de la semana pasada o con Carmen García Fuster en la anterior.

Según explicó ayer el portavoz adjunto del equipo de gobierno municipal, Jordi Peris, el tripartito «mantiene su criterio de pedir la dimisión de todos aquellos concejales del Partido Popular cuya imputación sea confirmada por el juez». Es más, reitera que «en el caso de que eso no se produzca, instamos al Partido Popular a tomar las medidas oportunas y que proceda a su expulsión del grupo municipal», dijo.

«Esa exigencia se la queremos plantear muy claramente a la señora Bonig. Le pedimos que cumpla lo que dijo, exigimos que se posicione claramente para devolver la dignidad a los plenos con medidas drásticas e importantes que reflejen que estas cosas no son tolerables en el Ayuntamiento de Valencia», añadió Peris.

En el caso de los asesores, sin embargo, el equipo de gobierno se mostrará implacable. En la Junta de Gobierno de la semana pasada ya aprobó la suspensión de empleo y sueldo de Luis Salom. «Como era público que había declarado ante el juez y mantenía su condición de investigado, se pudo actuar rápidamente», dijeron fuentes municipales.

Información clara

Para los siguientes, sin embargo, se ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 18 que facilite al consistorio un listado de los asesores imputados, de manera que se pueda actuar contra ellos con todas las garantías de no cometer errores.

«Lo que hacemos „dijo Peris„ es enviar un requerimiento al Juzgado de Instrucción para solicitar información clara y fidedigna sobre su situación y en el caso de que se confirme su imputación en la Operación Taula, proceder a abrir los expedientes disciplinarios tal y como hicimos la semana pasada. Pero antes, queremos tener esta información del Juzgado», reiteró.

Por lo pronto, se desconoce si el magistrado pasará listados tras cada jornada o lo hará cuando terminen todas las declaraciones, que se prolongarán lo largo de la semana que viene.

Ayer únicamente se pudo destituir al asesor Carlos Andrés, colaborador del concejal Vicente Igual. Según explicó Jordi Peris, la destitución se ha producido a petición del propio PP, lo mismo que ocurrió con la asesora y secretaria del Grupo Popular Mari Carmen García Fuster, detenida y posteriormente puesta en libertad con cargos dentro de la operación Taula.

Según ha podido saber este periódico, Carlos Andrés es funcionario de la Generalitat Valenciana y, dadas las circunstancia del ayuntamiento, tiene pensado volver a su puesto en la administración autonómica.

Si se le abriera expediente disciplinario como al resto de asesores se complicaría mucho ese traslado, mientras que un cese fulminante le deja abierta la puerta de manera inmediata.

Por ese motivo ha sido el propio Grupo Popular el que ha pedido su destitución. De hecho, para el resto de asesores que están en las mismas circunstancias, que son una docena, no se ha tomado ninguna iniciativa en ese sentido.