Conforme se va completando el puzzle de la trama de mordidas en contratos públicos de administraciones gobernadas por el PP, el manto de la investigación va cubriendo a dirigentes políticos de mayor rango, pero también a técnicos y funcionarios. Los responsables de elaborar pliegos de condiciones, adulterar concesiones en mesas de contratación o certificar „por activa o por pasiva„ pagos por servicios no prestados están protagonizando un goteo de imputaciones en una macrocausa general que cada día presenta más ramificaciones.
La última tiene que ver con la presunta red de facturas falsas formada por doce contratistas de Imelsa y descubierta, como contó este diario, por la Agencia Tributaria tras abrir una inspección por fraude en el IVA y el Impuesto de Sociedades que comprendía los ejercicios de 2010, 2011, 2012 y 2013. Según información de la que dispone este diario, el juez investiga por falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de fondos al exdirector financiero de Imelsa José Enrique Montblanch como uno de los principales responsables del saqueo a las arcas de Imelsa a través de esa presunta red de facturas falsas que cobró 1,2 millones de la empresa pública a través de doce empresas.
Un dinero pagado por supuestos servicios no amparados en contratos y de los que no consta expediente alguno. De hecho, la UCO de la Guardia Civil no encontró documentación acreditativa de los procesos de contratación en su media docena de visitas realizadas a la sede de la empresa.
Además de a Montblanch, la investigación afecta al exgerente Marcos Benavent y al exjefe de evaluación y planificación de la diputación de Valencia, Salvador Deusa, otro de los detenidos en la Operación Taula. Deusa está considerado una de las piezas clave en la elaboración de los pliegos de condiciones de contratos bajo sospecha por amaño (los informáticos, de gestión tributaria o del servicio catastral) y está investigado dentro de la pieza general de Imelsa. Esta investigación concreta incluye antes que nadie a Marcos Benavent, que fue gerente de Imelsa entre 2007 y 2014.
Recambios para controlar
Benavent nombró a José Enrique Montblanch responsable financiero al poco de llegar a la gerencia. La empresa pública ha avalado la denuncia, como es preceptivo, dado que la Agencia Tributaria no acudió al juzgado. La investigación de Hacienda detectó esos 1,2 millones pagados sin justificante de que se realizaran los trabajos y la inspección se cerró con un acta de sanción de 25.000 euros a Imelsa, de los que 11.250 corresponde a la multa y el resto al impuesto defraudado. La cantidad supuestamente escamoteada al fisco no alcanzó los 120.000 euros anuales porque las sociedades que son íntegramente de capital público tienen una bonificación del 99% en este tributo., según se contempla en el artículo 34 del texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades. Al no alcanzar el mínimo, la Agencia Tributaria no presentó denuncia. Sí lo hizo con posterioridad la empresa pública provincial al comparecer para señalar la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y malversación de fondos. Consideró que el dinero se abonó a cambio de nada.
En Hacienda, de hecho, también empezaron a sospechar que la no liquidación del IVA ni tributación del impuesto de sociedades era sólo un síntoma de una posible ilegalidad mayor, de la supuesta malversación de fondos a través de facturas falsas. El acta de inspección se abrió para revisar los cuatro años citados después de que el 24 de enero de 2014 la Agencia Tributaria descubrió tres facturas falsas tirando del hilo del IVA no liquidado. En total ascendían a 60.445 euros pagados a la empresa Flying Tigers por trabajos nunca realizados en el taller de formación de la diputación en el Monasterio del Corpus Christi de Llutxent.
