Acuamed, Imelsa, Gurtel, Noos y Emarsa son algunos de los expedientes judiciales más destacados. Blasco, Fabra, y Hernández Mateo son algunos de los nombres propios de políticos condenados. Y varios, cuyo nombre aún desconocemos, los que están a las puertas de la Justicia. Letanía popular es lo que padece la Comunitat Valenciana.

Un rosario de casos de corrupción que vinculan al hasta ahora todo poderoso Partido Popular, que presumía de gestión pública exitosa. Una corrupción constante y sin tregua que ha asolado las arcas públicas valencianas y a zarpazos ha herido gravemente el bienestar de la ciudadanía. Con ello se ha profundizado la desigualdad, la exclusión y la pobreza en nuestro territorio. Los consecutivos gobiernos absolutos del PP plagados de soberbia, tramas corruptas y abuso de poder han excluido, desatendido y maltratado a demasiada gente.

Letanía popular agotadora que sigue sin cobrarse dimisiones por responsabilidad política. El PP decide aguardar a que la Justicia dicte condenas. Y antes de llegar a sentarse ante ella se abre un calvario: el paraguas del aforamiento para quienes hoy llamamos investigados „por una reforma legislativa hecha a su medida„, que son los antes llamados imputados. En ese paraguas protector están el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y el Tribunal Supremo, que son órganos participados desde el poder político y, por ello, cuestionables para enjuiciar desde la independencia.

Ha llegado el momento de abandonar la filosofía gatopardiana de que todo cambie para que todo siga como está. La corrupción no es un mal inevitable e imprevisible. Las instituciones y los que participamos de ellas debemos desarrollar una actitud vigilante y de denuncia. Pero también está en nuestro cometido y responsabilidad establecer cauces de prevención y lucha contra la corrupción. Por eso el grupo parlamentario Podem-Podemos ha presentado varias iniciativas legislativas que ahondan en ese sentido; una de ellas, la Agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción cuya tramitación espera desde mediados de noviembre. Y también hemos denunciado el peligro constante y actual que suponen las puertas giratorias, que hacen que los políticos transiten de lo público a lo privado, pero también de lo público a lo público. Por ello hemos presentado una proposición de ley de reforma de la Sindicatura de Cuentas, y estamos ultimando la reforma del Consejo Jurídico Consultivo.

Queremos que el peso de la Justicia caiga sobre esos casos de corrupción que han devastado el erario público valenciano. Es imprescindible que devuelvan cuanto antes a las arcas públicas todos y cada uno de los recursos que robaron a manos llenas en su beneficio personal. Pero sobre todo, desde Podemos, queremos establecer reformas profundas y de futuro que pongan diques de contención a nuevas letanías.