La estrecha amistad entre el exconseller de Gobernación, Serafín Castellano, y el contratista de los aviones de extinción de incendios Vicente Huerta quedó patente el 4 de agosto de 2013, cuando cuando Levante-EMV publicó la primera imagen de ambos en el coto El Allozo (Ciudad Real) con docenas de patos abatidos a sus pies. El presunto trato de favor al empresario por parte del conseller a cambio de dádivas hizo correr ríos de tinta en los meses posteriores. Castellano defendió la legalidad de las contrataciones y que sus cacerías las pagaba él. Dos meses después de las primeras revelaciones adelantadas por este periódico, la Conselleria de Gobernación recibió una denuncia de once folios en la que se relataba la «falsificación de multitud de facturas» por parte de la contratista de los aviones antiincendios a través del holding de empresas creado por Vicente Huerta y, especialmente, la Fundación Medioambiental Huerta de la Comunitat Valenciana.

Algunas de las mercantiles incluidas en esta primera denuncia ante la Generalitat, fechada el 22 de octubre de 2013, debieron sonarle al entonces conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano. Además del Holding Avialsa SLU, la denuncia también citaba la falsificación de facturas por parte de la mercantil Aprovechamientos Cinegéticos SL, la que «cobraba determinadas "cacerías" con altos cargos del gobierno regalo y otros, encargados por ¿la Fundación?», relataba el escrito, en referencia a la «Fundación Huerta».

«Es evidente que la Fundación no lleva una contabilidad acorde con la realidad, ya que carece de actividad pero ha facturado en 18 meses la nada despreciable cifra de más de 250.000 euros», alertaba la denuncia presentada por registro de entrada en la Conselleria de Gobernación, acompañada de diversa documentación.

El escrito que revelaba las irregularidades finaliza con una petición al Protectorado de Fundaciones de la Generalitat Valenciana para que cesara a los patronos e interviniera temporalmente la Fundación Huerta, según lo previsto en la Ley de Fundaciones, para someterla a «una auditoria externa». Y que se diera traslado a la Brigada de Blanqueo de Capitales, la Fiscalía y la Agencia Tributaria para investigar las irregularidades y proceder a «la extinción de la Fundación».

Todas las peticiones cayeron en el olvido. La denuncia no fructificó. Castellano aún permaneció ocho meses más al frente de Gobernación, antes de ser nombrado delegado del Gobierno en junio de 2014.

Tras siete años al frente de Gobernación, Castellano había firmado 34,1 millones en contratos al empresario Vicente Huerta, una prórroga por otros 11 millones, además de perdonarle el incumplimiento del contrato al ofrecer aviones de peor calidad que los pactados por contrato. A cambio, Castellano supuestamente habría recibido regalos, disfrutado de cacerías a todo tren a cargo del contratista y presuntos pagos en dinero negro.