La lideresa Bonig negocia con los concejales del Ayuntamiento de Valencia para conseguir que dejen su escaño el próximo jueves, cuando está previsto que declare los últimos ediles investigados. El partido trabaja con la idea de que al menos cuatro de ellos den un paso atrás y dejen el acta, si bien la negociación no está cerrada y podrían ser los menos, incluso sólo uno, el que dimita. Al resto, tal como reiteró ayer de nuevo Bonig, se les forzará a irse como concejales no adscritos. Estos son los plazos que baraja el PPCV y que ayer dejó entrever Bonig al anunciar para el día siguiente la junta directiva regional en la que aprobará la composición de la gestora que dirigirá el PP de Valencia, después de que su dirección quedara disuelta a raíz por la Operación Taula.
Un par de hora antes de la comparecencia, el vicesecretario general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ya avisaba que esta semana sería crucial y anticipaba «dimisiones» en Valencia. Los populares valencianos quieren que el día en que se celebre la reunión del partido, el conflicto en el Ayuntamiento de Valencia, sino resuelto, al menos esté encauzado. El propio Maillo asistirá a una reunión que se antoja tensa, ya que se oficializará el fin de una etapa, la que durante veinte años dirigió Barberá con mano de hierro.
La propia Bonig admitió que Barberá ya no tiene cabida en esta nueva etapa. Mantuvo que la nueva gestora supondrá «un cambio total» con «gente de base preparada y que no necesita de la política para vivir».
«Aunque no se puede negar el papel de Barberá en la trasformación de la ciudad y su influencia en la Comunitat Valenciana y de España, obviamente estamos en una nueva etapa, con una nueva generación que debe dar un paso adelante», dijo Bonig, que invitó también a hacer lo mismo «a otros dirigentes históricos». La lideresa no quiso avanzar nombres, si bien uno de los mejor situado es el exconseller de Gobernación Luis Santamaría.
