No se trata de «ayudar» a los bancos, ni mucho menos, pero la moción que ayer aprobaron por unanimidad todos los grupos en el pleno de la diputación persigue satisfacer las exigencias, o al menos parte de las mismas, que tienen las entidades bancarias a la hora de establecer una sucursal en uno u otro municipio. Y es que hace años que los bancos se marcharon, de forma paulatina, de los municipios menos poblados de la Comunitat Valenciana.
Así lo aseguró ayer la diputada del PP, Mª Carmen Contelles, al exponer una moción en la que aseguró que el cierre de las sucursales financieras «tiene un efecto directo negativo sobre la actividad económica del municipio y sobre los vecinos, especialmente la población más mayor que se ven limitados en el acceso a sus recursos económicos por la dificultad que tienen para desplazarse a otras poblaciones que sí disponen de sucursales bancarias».
Es más, Contelles aseguró que el cierre paulatino de las sucursales bancarias «favorece la despoblación del medio rural al disminuir la prestación de los servicios de la población residente» por lo que consideró de «vital importancia» garantizar la prestación de unos servicios mínimos financieros. Sea el municipio que sea ya que „aunque es un servicio prestado por empresas privadas„ debe ser considero «como un servicio de primera necesidad».
El diputado de Compromís Emili Altur tomó la palabra para recalcar que «la filosofía no es ayudar a los bancos», además de proponer que la moción incluyera instar a la Generalitat «a que establezca políticas de coordinación con el resto de administraciones públicas a tal efecto».
De esta forma, el pleno acordó hacer un estudio sobre las deficiencias originadas por el cierre de las oficinas bancarias en los municipios más pequeños e «intentar acordar con ellas la recuperación de éstas estudiando las fórmulas más adecuadas».
Y es que, tal como señaló Contelles, «el objetivo es ayudar a que gastos como el arrendamiento de los locales, los costes de seguridad, etc, sean los menos posibles para los ayuntamientos, de manera que los bancos regresen a las poblaciones más pequeñas».
Decretos, Egevasa y la AIM
El pleno se realizó casi sin intervenciones, aunque uno de los puntos en el que hubo más debate fue sobre la próxima aprobación por parte del Consell de dos decretos que, según el PP, «elimina las competencias de la diputación en turismo», pero que, según explicó el presidente Jorge Rodríguez, «no habla de eliminar competencias, sino de coordinar el trabajo de las instituciones».
Por otra parte, el también diputado popular Guillermo Barber criticó que la empresa mixta Egevasa lleve un mes y medio sin gerente «desde que se acordara sustituir al que gestionaba la empresa por el exmarido de la consellera de Sanidad Carmen Montón, que dimitió dos días después».
La aprobación de la modificación del Reglamento de la Institució Alfons el Magnànim (AIM) fue aprobada con la abstención del PP y el voto a favor del resto de grupos sin ninguna intervención.
