El juez que instruye la pieza separada del caso Imelsa, la referida a la trama de los 1.000 euros, cerró ayer la ronda de declaraciones de los concejales en activo del PP de Valencia y confirmó la imputación de todos ellos. La última en prestar declaración fue María Jesús Puchalt, que lo hizo junto con sus excompañeros Vicente Aleixandre y Francisco Lledó, y ahora ya sólo quedan por pasar ante el juez otros cuatro exconcejales y una docena de asesores y funcionarios.

Aunque no hay novedades en cuando a los contenidos, la declaración de Puchalt era importante para definir la situación del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia. Hay que recordar que de los 10 concejales, nueve están «investigados» en esta causa. Únicamente Eusebio Monzó esta fuera, por lo que el futuro de estos concejales es también el futuro del PP en Valencia. De hecho, la Dirección Regional quería expulsarlos hoy mismo, tras la declaración de Puchalt, y finalmente les ha dado hasta el levantamiento del secreto del sumario, prorrogado hasta el 14 de marzo, para tomar una decisión, que, de seguir imputados, será su expulsión del PP y la entrega voluntaria de las actas.

Donación sí, devolución no

A su salida de los juzgados María Jesús Puchalt no quiso hacer declaraciones. Tampoco lo hizo el exconcejal Francisco Lledó, que se limitó a confirmar que había ingresado los 1.000 euros que le pidieron para la campaña electoral pero que nunca se lo devolvieron. El juez sospecha que ese dinero les era devuelto en dos billetes de 500 euros procedentes de comisiones ilegales, lo que sería blanqueo de capitales, que es el delito que se les atribuye.

El otro exconcejal en pasar por el juzgado en el día de ayer fue Vicente Aleixandre, que no hizo declaraciones y dejó entrever su aparente malestar con el partido. Él es el número 12 de la lista y sería el siguiente en ocupar una concejalía si se produce alguna baja, sin embargo, nadie le habría consultado en ese sentido. Su respuesta, por tanto, a la pregunta de si debe dimitir Rita Barberá o qué le parece el acuerdo de Isabel Bonig con los ediles de Valencia, fue un escueto, pero elocuente, «ya se apañarán».

Aleixandre tampoco quiso prestar declaración ante el juez, según confesó él mismo al entrar a la Ciudad de la Justicia. Y su salida la hizo por el Juzgado de Guardia, una supuesta anomalía que fue comunicada a la Conselleria de Justicia y que ya supuso la apertura de un expediente informativo cuando actuó del mismo modo el asesor Luis Salom.

Para el día de hoy está prevista la declaración de otros dos exconcejales de Valencia, Juan Vicente Jurado e Irene Beneyto. El primero, como el resto, ya pasó por la Comandancia de la Guardia Civil y a su salida cargó contra el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, al que señaló como la persona que controlaba todos los contratos en el Ayuntamiento de Valencia. Se inclinó, así mismo, por la idea de que los concejales en activo conserven su acta aunque los expulse el partido.

Para mañana está prevista la declaración de Emilio del Toro y Ramón Isidro Sanchis. Y entre ambas jornadas estan citados a declarar nueve asesores y funcionarios más.

Para el lunes se ha dejado a otro asesor al estar su abogado en el juicio del caso Nóos.