A la exclusión el próximo curso de las becas de la Generalitat del alumnado de las universidades privadas y la decisión de la Diputación de Valencia de no prorrogar para este año los convenios con la Universidad Católica de Valencia (UCV) y la Cardenal Herrera CEU (UCH-CEU) para que sus estudiantes hagan prácticas remuneradas en ayuntamientos, se sumará un tercer veto: la restricción del acceso de los alumnos de Ciencias de la Salud de la privada a las prácticas formativas en hospitales y centros sanitarios públicos.
Fuentes de la Conselleria de Sanidad admitieron ayer que el departamento de la consellera Carmen Montón «está trabajando» en la puesta en práctica de la Proposición No de Ley (PNL) aprobada por las Corts el pasado 15 de octubre en la que todos los partidos , salvo PP y Ciudadanos, instan a la Generalitat a «priorizar» al alumnado de la universidad pública en las prácticas en centros dependientes del Consell y a cobrar una tasa a la universidad privada por el acceso a estos recursos formativos públicos. No obstante, las mismas fuentes, matizan que «Sanidad no ha tomado ninguna decisión todavía».
Propuesta socialista
La PNL, presentada por el PSPV, fija que el Consell «dará cuenta a las Corts del grado de cumplimiento de resolución en el plazo máximo de tres meses». Algo que, justo un mes después de que haya expirado el plazo, no se ha cumplido. Sin embargo, al ponente de la propuesta y portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en las Corts, Ignacio Subías, no le caben dudas que su compañera de partido, la consellera Montón, implementará la resolución. «La conselleria tiene que poner los medios para que la medida se materialice», apunta.
Además, no se entendería que el gobierno de Ximo Puig no aplique una propuesta apoyada por los tres firmantes del «Acord del Botànic» „PSPV, Compromís y Podem„ que sustentan el Consell. Socialistas y Compromís ya intentaron, ahora hace un año, cuando estaban en la oposición, sacar adelante esta PNL en las Corts, pero la mayoría absoluta del PP lo impidió.
Subías, que subraya que los rectores de las universidades públicas están «absolutamente de acuerdo con la medida», reclama «una evaluación de la capacidad docente de los centros sanitarios del Consell, porque están saturados de estudiantes». En la Comunitat hay cinco facultades de Medicina, tres públicas y dos privadas, lo que supone una por cada millón de habitantes, el doble de lo que recomienda la OMS.
El portavoz socialista defiende la imposición a la universidad privada de una tasa «que cubra como mínimo el coste de las prácticas» en los centros del Consell porque «cobran a sus estudiantes mucho dinero y, sin embargo, usan los recursos de la red pública sin pagar nada».
