Un territorio inaccesible para los procesos de selección de personal y los concursos públicos para la contratación de empresas. Exactamente así era Impulso Económico Local (Imelsa). La llegada de los nuevos gestores a la empresa pública gobernada hasta hace una semana por José Ramón Tíller (PSPV) —destituido por el presidente provincial, Jorge Rodríguez— y Agustina Brines (Compromís) aportó algunas novedades en este sentido. Se convocó un proceso de selección de una plaza técnica, así como la elaboración de unas normas de contratación de empresas.
Sobre el papel, en Imelsa se elaboraban pliegos de condiciones técnicas y económicas para la adjudicación de bienes y servicios. En la práctica, todos los grandes contratos informáticos, de gestión tributaria y catastral de los siete años en los que Marcos Benavent estuvo al frente de la empresa están siendo investigados por la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el juez. El responsable de los pliegos, Salvador Deusa, y varios de quienes conformaron mesas de contratación, como Ricardo de Ángel, han sido detenidos —caso del primero—o citados a declarar como imputados en la causa. En cuestión de contratación de personal, el dedo ha resultado decisivo. Nueve de cada diez empleados de Imelsa han sido contratados sin superar ninguna prueba selectiva.
La empresa está conformada por una plantilla de 770 trabajadores. En su mayoría están adscritos a las brigadas forestales, un servicio que se gestiona por encomienda de la diputación. El 78% del presupuesto de la sociedad pública se dedica a pagar las nóminas de los brigadistas. Solamente un centenar de puestos han sido cubiertos por funcionarios o personal que superó una selección.
