De abajo arriba. Así es como funciona la campaña que ha emprendido la Associació de Juristes Valencians (AJV) para pedir al Gobierno central la retirada del recurso de inconstitucionalidad que en su día interpuso contra tres leyes civiles valencianas. La entidad formada por catedráticos del derecho, profesores universitarios y abogados ha propuesto a 173 localidades de todas las comarcas de la Comunitat Valenciana que aprueben mociones en sus respectivos plenos municipales exigiendo al Ejecutivo que desista ante el Tribunal Constitucional y elimine los recursos que mantiene contra estas tres normas autonómicas.
De momento ya han firmado estas mociones cerca 25 consistorios, aunque muchos otros lo harán en los plenos que se celebran esta semana, como el de Castelló. Se espera que Valencia se adhiera próximamente. El origen de esta iniciativa tiene su raíz 300 años atrás, cuando el 29 de junio de 1707 y «por justo derecho de conquista» Felipe V abolió los fueros valencianos. Siglos después, en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006 se restablece plenamente la competencia en materia de derechos civiles. «Éramos la única comunidad que no había recuperado sus derechos después del decreto de Nova Planta. Con la última reforma se suponía que esto se solucionaba, después de tres siglos», cuenta a Levante-EMV José Ramón Chirivella, presidente de la AVJ.
Leyes «cotidianas»
Sin embargo, parece que no fue así, porque cuando en 2007 la Generalitat aprobó la Ley de Régimen Económico Matrimonial valenciano el Gobierno central la recurrió ante el Tribunal Constitucional, al entender que invadía sus competencias. Lo mismo hizo en 2011 con la Ley de Custodia Compartida y en 2012 con la de Uniones de Hecho. «Tres normas que afectan a miles de valencianos», explica Chirivella. Hasta que el Alto Tribunal resuelva, las leyes se están aplicando diariamente.
En el caso de la primera, el régimen económico matrimonial valenciano permite la separación de bienes por defecto, sin necesidad de demandarlo explícitamente, como sucedía anteriormente (cuando era bienes gananciales). Cerca de ocho años después, el Constitucional todavía no se ha pronunciado al respecto. «La ley 10/07 pretende recoger el derecho histórico pero acomodado a las actuales circunstancias sociales y jurídicas: se trata de recuperar aquellas instituciones civiles que, si no se hubiesen derogado en 1707 estarían hoy vigentes pero acomodadas a la realidad constitucional y social del siglo XXI, como ha sucedido en otras comunidades autónomas», explican desde la Asociació de Juristes.
La segunda norma afectada es la Ley 5/2011 de Relaciones Familiares de los Hijos cuyos progenitores no conviven, es decir, la de custodia compartida. «No hay ninguna ley estatal que contemple las mismas características que esta norma», explica Chirivella. A diferencia del resto de España, donde la custodia de los menores solo va a parar al padre cuando un juez así lo estipula expresamente —por defecto, siempre es para la madre—, en la C. Valenciana se presume la división de este derecho parental.
La tercera norma es la de uniones de hecho. Tampoco existe a nivel estatal ley que se pueda comparara esta, que otorga efectos civiles a las parejas de hecho, sean del sexo que sean. Hasta su promulgación lo único que existía era un mero registro.
El Colegio de Abogados de Valencia ha pedido la retirada de los recursos de inconstitucionalidad también, uniéndose en una acción paralela a las exigencias de la AJV, entidad que pretende recabar asimismo el apoyo de la sociedad civil para reivindicar el derecho foral.
