La comisión de investigación de las Corts Valencianes que tratará el proceso de adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad para las personas dependientes, en concreto las del grupo Savia, ha pedido la comparecencia del exconseller de Bienestar Social Rafael Blasco, encarcelado en la prisión de Picassent.
Blasco figura en el anexo de comparecientes junto a los exconsellers Alicia de Miguel, Juan Cotino, Angélica Such, Jorge Cabré o Asunción Sánchez Zaplana, o el empresario Enrique Ortiz.
Junto a ellos se ha pedido la presencia de otro medio centenar de exaltos cargos de la Generalitat Valenciana. En conjunto comparecerán 89 personas.
Los grupos PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos han presentado en el registro de las Corts el plan de trabajo, e incluso han solicitado al letrado de las Corts información sobre si es posible que Blasco acuda, a lo que parece que no habría problema.
La socialista Concha Andrés asegura que existió directamente un negocio, con más de 6.000 plazas adjudicadas a la empresa de la familia Cotino. El objetivo es averiguar si existió trato de favor en un negocio cuyo volumen supera los 1.000 millones en los años de gobierno del PP.
Podemos habla directamente de corrupción y la diputada de Compromís Mónica Álvaro cree que es necesario poner luz en los años oscuros del PP.
