El Ejecutivo que preside Ximo Puig parece dispuesto a hincar el diente a una de las patatas calientes que heredó del Consell de Alberto Fabra: las plantillas del sector público empresarial y funcionarial de la Generalitat, la pata de la Administración más opaca que durante años fue un coladero de afines al Consell de turno. La nueva ley que prepara la Conselleria de Hacienda sienta las bases para llevar a cabo una operación limpieza en la relación de puestos de trabajo. Fuentes de Hacienda consultadas por este diario indicaron que la norma que ya cuenta con borrador ahonda en el proceso de adelgazamiento del sector público (se cerrarán más entes) y sancionará mecanismos de contratación pública bajo los principios de publicidad, mérito y capacidad. También se recogerá la obligación de convocar ofertas de empleo público y criterios de transparencia que implican la publicación de las plantillas.
En realidad, buena parte de estos principios están ya en vigor desde la aprobación en octubre de 2011 del decreto ley del Consell de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público, una norma con la que se inició en la etapa de Fabra el proceso de adelgazamiento de las empresas. Ya entonces, es decir, hace un lustro, se estableció la obligación de publicar la relación de puestos de trabajo de cada una de las firmas públicas. El Consell popular, sin embargo, incumplió la ley y durante toda la legislatura de Fabra y evitó un trámite delicado.
La difusión de las plantillas no es una cuestión menor. Permitirá por primera vez conocer con detalle tanto el número de empleados adscritos a las empresas así como su naturaleza jurídica, es decir, si ocupan puestos de asesores o de laborales. Cabe recordar que el sector público empresarial sufrió de gigantismo durante los años de gobierno del PP y sirvió de acomodo a todo tipo de empleados, que, en algunos casos, como se investiga en Imelsa, prestaban sus servicios para el partido o para la Generalitat. Era una manera de dar acomodo a afines y contar con refuerzos en la Administración sin engordar el capítulo 1. Es cierto que Fabra acometió un importante tijeretazo: cerró empresas y fundaciones y acometió varios expedientes de regulación de empleo (ERE) que puso en la calle a más de 2.000 personas.
Contratos de alta dirección
Sin embargo, la purga no fue total. Diversas fuentes consultadas por este diario admitieron que las plantillas esconden aún contratos de alta dirección que están pendientes de rescindir. El bipartito fue renovando a los directivos de primera línea, pero todavía quedan cuadros intermedios que deberán ser indemnizados si se prescinde de ellos. Fuentes de Hacienda precisaron que no se trata de contratos blindados, si bien, en función de su antigüedad y de la normativa aplicable, el despido costará dinero.
La necesidad de habilitar fondos para hacer frente a los despidos es uno de los obstáculos que se ha encontrado el Consell en su objetivo de limpiar el sector público. Existen también algunos empleados con salarios superiores a lo que correspondería a la empresa pública según la masa salarial aprobada presupuestariamente. También hay puestos de difícil encaje en algunas empresas, como por ejemplo ingenieros náuticos.
Cabe recordar que la práctica totalidad de trabajadores fueron contratados en su día a dedo. No necesariamente todos apadrinados por el político de turno, pero la realidad es que nunca ha habido ofertas de empleo público para contratar personal, con excepción de RTVV. La ley actual recoge la convocatoria de pruebas selectivas para, una vez redimensionado el sector, ir cubriendo conforme la ley de función pública esta plantillas. Los responsables del departamento que dirige Vicent Soler están manteniendo reuniones estos días con los sindicatos, que exigen ofertas y transparencia total en esta pata de la Administración que durante años ha escapado de su control. Este asunto resulta espinoso. En medios sindicales se teme que,al igual que hizo el PP, el bipartito tenga la tentación de utilizar las firmas públicas como puerta falsa para contratar a personal afín.
La presión, sin embargo, sobre el bipartito para no caer en estas prácticas es poderosa, máxime después de que cargos de la izquierda estén siendo investigados por la Polícía por cómo se contrató en la Diputación de Valencia. Por lo pronto, el Consell ha decidido no extender más la moratoria para publicar las plantillas. El PP lo hizo en cinco ocasiones a través de la ley de acompañamiento. El plazo acababa en junio de 2015. El Consell de Puig llegó a incluir un nuevo aplazamiento en su borrador de la ley de acompañamiento para contar con un margen amplio, toda la legislatura. Sin embargo, hubo un debate interno y se decidió acabar con las prórrogas y la disposición cayó de la ley. El Consell está ahora incumpliendo esta ley porque las plantillas siguen ocultas, pero en Hacienda aseguran que estará solucionado en un semestre. Podemos preguntará hoy jueves al presidente Puig sobre este asunto.
