La Abogacía de la Generalitat estudiará caso por caso la posibilidad de emprender las acciones de responsabilidad contempladas en la ley contra miembros del consejo de administración de las entidades del sector público empresarial y fundaciones, dado que el Gobierno valenciano no quiere sólo "recuperar el dinero robado, sino también el dinero pésimamente gestionado".
Y es que el Consell entiende que "también son responsables de lo que ha pasado los gestores que han llevado a la ruina a sociedades como Ciegsa, Cacsa o Vaersa, que pueden y han de responder con su patrimonio personal".
Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en las Corts Valencianes, ante la pregunta del portavoz de Podemos, Antonio Montiel, sobre la situación actual de las plantillas de las empresas, fundaciones y otros entes integrantes del sector público instrumental valenciano. Montiel, además, ha pedido saber cuál es la hoja de ruta del Consell en relación a esta "problemática".
Al respecto, el jefe del Consell ha señalado que si ha habido un "agujero negro" en la gestión de los anteriores gobiernos es el que se ha producido en el sector público y fundacional, una "administración paralela, en B, que llegó a tener 10.000 trabajadores", que en su mayoría entraban sin haber pasado una prueba selectiva bajo los criterios de igualdad, mérito y capacidad.
Puig ha señalado también que "en los años de máximo delirio, del despilfarro inmenso", se creó un "mastodóntico" sector público que pasó de 22 entes en 1995 a 71 en 2011, multiplicando su presupuesto y su gasto en personal. De hecho, el nuevo Consell, ha explicado Puig, se encontró "un absoluto marasmo" en el sector público, ya con 6.000 empleados, convertido en "un holding empresarial utilizado como agencia de colocación".
Además, ha apuntado que el anterior Gobierno del PP se fue sin cumplir el mandato de publicar las plantillas de todas las empresas y fundaciones, pese a que debía haberlo hecho antes de diciembre de 2012, pero hizo "tres modificaciones legales" para evitarlo.
No obstante, Puig ha garantizado que, tras 20 años "de disparates, de opacidad y de blindajes", este mes de junio se hará pública por primera vez la relación de puestos de trabajo del sector público, de todas las empresas. "Veinte años después de la oscuridad, ya es hora", ha dicho.
"Más jefes que indios"
Por su parte, Montiel ha lamentado que la reducción del sector público se ha cargado "a las espaldas de los trabajadores", con expedientes de regulación de empleo que han tenido "luces y sombras" y que han hecho que "los paganos de esa reestructuración" hayan sido "trabajadores que llevaban largos años de trabajo".
Asimismo, ha pedido que la publicación de la relación de puestos de trabajo y plantillas se realice "con transparencia" y, dado que existe la sensación de que "hay más jefes que indios", ha reclamado que "se aclare el sistema de acceso a esos puestos existentes, quiénes los ocupan y cuáles son sus retribuciones", al tiempo que se ha preguntado "qué ocultaba" el PP al retrasar esta lista.
La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha señalado que al Consell le preocupan los "profesionales con experiencia, que son muchos, honestos y que han trabajado en estas empresas", y trabaja para buscar los procedimientos legales y las vías para "perjudicar lo menos posible a aquellos trabajadores que han dejado su vida, su piel y esfuerzo por el servicio público valenciano".
"Lo que no puede ser es seguir la política del PP" de externalizar sus responsabilidades de servicio público "para obtener unos réditos que ahora mismo se están investigando en los tribunales", ha dicho.
