La enésima batalla sobre las diputaciones „un clásico como el del Senado o las listas cerradas„ empezó ayer. El acuerdo firmado entre PSOE y Ciudadanos para una investidura de Pedro Sánchez incluye, literalmente, la «supresión de las diputaciones provinciales de régimen común y creación de Consejos Provinciales de Alcaldes para la atención al funcionamiento y la prestación de servicios de los municipios de menos de 20.000 habitantes». Madrid ha desatado el terremoto diputacional y las réplicas empezaron a tener su eco en las taifas provinciales. Con una falla doble que parte políticamente en esta materia la Comunitat Valenciana, donde prima la ruralidad y un entramado de pueblos pequeños.

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez (PSPV), acepta la propuesta con la condición de que los servicios que reciben las poblaciones pequeñas no dejen de prestarse. En el frente opuesto, los presidentes de las diputaciones de Alicante y Castelló „César Sánchez y Jorge Moliner (PP)„ consideran irrenunciable las diputaciones y preparan una ofensiva institucional contra la abolición de estas corporaciones, reguladas por la Constitución y que hunden sus raíces modernas en 1836.

Jorge Rodríguez reivindica que «debe existir un órgano, se llame como se llame, que preste una atención específica a los municipios más pequeños. Ese papel „dice„ lo está jugando hoy la Diputación de Valencia, pero soy plenamente consciente de que esa tarea la podría realizar cualquier otro órgano. Siempre y cuando, de verdad, continuara haciendo las funciones que hoy realiza esta institución», advierte en declaraciones a Levante-EMV. Cree que la propuesta de Pedro Sánchez y Albert Rivera pasa por modernizar y adelgazar la forma con la que se presta atención a las poblaciones más pequeñas. En reflexión fusteriana, Jorge Rodríguez señala que «lo esencial no es el nom de la cosa, sino sus funciones». Y con un ejemplo clarifica su postura: «Si al alcalde de un pueblo de 5.000 habitantes le preguntas qué ocurriría si cierra la diputación, quizá te diga que si es así él cierra su ayuntamiento. Pero si le preguntas qué pasa si en vez de llamarse diputación se llama Consell d'Alcaldes, te dirá que le da lo mismo. Que ya se apañarán los políticos en esas cuestiones».

Las diputaciones, insiste el alcalde de Ontinyent, «son esenciales para los pueblos pequeños» porque de ellas depende desde la secretaría de intervención hasta el pago de servicios sociales o la realización de las tres o cuatro obras que pueda acometer una población pequeña. Él aboga por que, «más allá de las diputaciones, lo que está por definir es la financiación de los municipios».

¿Será Jorge Rodríguez el último presidente de la diputación? «No lo sé, tengo dudas „responde„. Estamos ante un acuerdo político que luego tiene que desembocar, o no, en un acuerdo de investidura. Y, posteriormente, es necesaria una modificación constitucional. No es un cambio de un decreto-ley».

El «frente popular»

En Alicante, el PP desplegará una ofensiva política en defensa de la diputación, la única gran institución con sede en Alicante junto a la Sindicatura de Greuges, informa Pere Rostoll. Habrá mociones en los municipios, en la propia diputación, iniciativas parlamentarias en las Corts. El presidente de la diputación alicantina, César Sánchez, no se mordió ayer la lengua a la hora de atacar el acuerdo entre el PSOE y C's. «No tiene sentido trasladar competencias de una institución saneada y eficaz como la diputación a otra como la Generalitat con 40.000 millones de deuda», apuntó Sánchez, obviando que ese lastre del Consell corresponde a los veinte años de gestión del PP.

El presidente de la Diputación de Castelló, Javier Moliner, ha centrado su dardo contra su rival electoral. «Entiendo que Ciudadanos lo pide porque ha renunciado al mundo rural y decide que todo su potencial se debe centrar en el espacio urbano, ya que es un partido urbanita», aseveró. En cambio, dijo que no entiende al PSOE.